Agricultores y transportistas han anunciado un paro nacional programado para el 24 de noviembre, en respuesta a la falta de acuerdos con el gobierno en torno a la fijación de un precio estable para el maíz y la creciente inseguridad en las carreteras.
Durante una conferencia de prensa, el dirigente de una de las organizaciones involucradas criticó los «supuestos acuerdos» que el gobierno ha presentado como soluciones, argumentando que estas medidas solo benefician a los empresarios y no aportan a la mejora del sector agrícola.
Frente al Palacio Nacional, se informó sobre la creación de una alianza entre agricultores y transportistas, quienes han manifestado su intención de incrementar la presión sobre el gobierno mediante movilizaciones conjuntas. Se destacó la interdependencia entre ambos sectores, enfatizando que sin el transporte adecuado, los productos del campo no llegarían a los consumidores, mientras que los transportistas también sufren de asaltos y extorsiones en las carreteras.
El portavoz de la alianza detalló que la primera acción será la paralización del transporte de carga a nivel nacional. Se aclaró que esta movilización no afectará a vehículos particulares ni al transporte de pasajeros.
Además, se planea la «toma de aduanas» como medida de presión, argumentando que las reuniones previas con el titular de la Secretaría de Agricultura han resultado en «promesas incumplidas.»
El presidente de la Asociación Nacional de Transportistas hizo un llamado a los transportistas de todo el país a unirse al paro, asegurando que esta alianza busca abordar las dificultades que ambos sectores enfrentan en las carreteras.
Asimismo, se cuestionó la percepción gubernamental sobre la disminución de la violencia en las rutas de transporte, sosteniendo que los trabajadores continúan operando en un clima de miedo e incertidumbre.
Por último, los integrantes de la alianza emitieron un pronunciamiento con peticiones específicas al gobierno, que incluyen el reconocimiento de la agricultura nacional, el establecimiento de una banca de desarrollo para el sector agropecuario y pesquero, y la exclusión de los granos de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para 2026. También exigen la publicación de precios garantizados para todos los alimentos y ser considerados en la nueva Ley de Aguas Nacionales propuesta por la administración actual.
En días recientes, las movilizaciones de agricultores han tenido lugar en 25 de los 32 estados del país, con una demanda central de establecer un precio mínimo de 6,000 pesos por tonelada de maíz.
