Guanajuato, Gto., 26 de febrero de 2025.- La Comisión de Asuntos Municipales dio seguimiento a los dos puntos de acuerdo que buscan exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato para que informen si el fraccionamiento conocido comercialmente como La Cucursola, ubicado en la Sierra de Santa Rosa, cuenta con los permisos necesarios para su desarrollo.
De igual manera, a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato, para que dicte una resolución y ordene la clausura definitiva del fraccionamiento Cucursola, instruya y disponga lo necesario para que se elabore y dictamine un estudio de afectación ambiental en el que deberán indicarse las medidas de restauración y compensación a efectuarse para garantizar la remediación de las afectaciones ocasionadas por ese proyecto inmobiliario.
Al hacer uso de la voz, el diputado Ernesto Millán Soberanes dijo que diversas instituciones hicieron llegar información, donde se señala que la Secretaría de Agua y Medio Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no emitieron permiso alguno para el desarrollo de vivienda conocido como Cucursola, así como que queda pendiente la investigación de la Fiscalía estatal por presuntos actos de corrupción y que sigue en espera la sentencia que se estableciera como remediación ambiental.
Agregó que por la información recibida es necesario hacer un análisis de ésta a más profundidad y así poder entregar un dictamen lo más apegado al Estado de Derecho.
En su intervención, el legislador Carlos Abraham Ramos Sotomayor expresó que la información ayuda a visualizar un panorama de lo ocurrido en el desarrollo inmobiliario en el cual destaca un delito en contra del medio ambiente y la incurrencia de actos de corrupción en el municipio de Guanajuato por no contar con los permisos competentes.
Por su parte, el congresista Juan Carlos Romero Hicks mencionó que el proceso no ha concluido por haber temas pendientes, en el que resaltó que la Procuraduría Federal no ha emitido su dictamen, además de que actualmente hay una suspensión temporal, por lo que es fundamental que se desahogue el Estado de Derecho y no caer en interpretaciones o presunciones.
En otros asuntos, se indicó que sólo 16 ayuntamientos dieron contestación a la solicitud de información referente al punto de acuerdo para exhortar a los 46 municipios del estado de Guanajuato, para que conformen las comisiones municipales con pluralidad, proporcionalidad y paridad de género, así mismo establezcan las comisiones ahí señaladas, por lo que se instruyó la elaboración del dictamen en sentido positivo.
El diputado Ernesto Millán Soberanes precisó que en este tema es importante que el exhorto vaya dirigido a los municipios que no dieron respuesta para que den un puntual seguimiento a la información que se les está solicitando.
Como parte del orden del día, se radicaron las siguientes propuestas de punto de acuerdo. La primera, para exhortar al municipio de Guanajuato, para que, dentro de sus facultades, inicien el procedimiento de remoción del secretario de Seguridad Pública del municipio; la segundo, para pedir a los ayuntamientos de Comonfort, Purísima del Rincón, Coroneo, Jaral del Progreso, Tarandacuao, Yuriria, Cortazar, San Francisco del Rincón, Santa Cruz de Juventino Rosas, Salvatierra y Santiago Maravatío, para que regulen el servicio de seguridad privada conforme a las facultades que les establece la Ley de Seguridad Privada del Estado de Guanajuato.
La tercer, a fin de solicitar al Ayuntamiento de Apaseo el Grande para que, de acuerdo con lo establecido en la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato y en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado se evalué el trabajo del actual Comisario de Seguridad Pública y se replantee el Programa Municipal de Seguridad Pública.
Asimismo, se pida al presidente municipal de Apaseo el Grande, José Luis Oliveros Usabiaga, revise, valore y sancione todas aquellas acciones en la que los elementos de seguridad pública (incluyendo al director) hacen un uso ilegitimo de la fuerza sin acatar lo establecido en la norma.
El cuarto, con el objeto de requerir a la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, considere dentro de la reforma al Reglamento de Mercados Públicos del citado municipio o en su defecto, en la emisión de uno nuevo, establecer de manera clara la distinción de “Tianguis” y su correcta regulación.
De igual manera, especifique de forma clara los procesos de inspección practicadas a los comerciantes, así como los supuestos que los motiven y los mecanismos para el aseguramiento o decomiso sobre la mercancía tanto perecedera como no perecedera.
Finalmente, se aprobó el dictamen que ordena el archivo definitivo del punto de acuerdo que buscaba exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para que iniciara a la brevedad un procedimiento de revisión y análisis del estatus que guardan actualmente los avances en la implementación de los Juzgados Cívicos municipales en el Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado.
Mismo trámite recibió la propuesta que pretendía solicitar a diversos municipios del estado, a poseer la mínima integración de los juzgados administrativos municipales, de conformidad con la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, para que estos pudieran prestar sus funciones.
En asuntos generales, el diputado Juan Carlos Romero Hicks sugirió que se haga una revisión a las propuestas de puntos de acuerdo de anteriores legislaciones para que los que hayan perdido materia se presenten en conjunto para su archivo correspondiente y estar actualizados y que se tenga una óptica para el futuro de la vida de los municipios.
En la reunión estuvieron presentes la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y los diputados Ernesto Millán Soberanes (presidente), Juan Carlos Romero Hicks, José Salvador Tovar Vargas y Carlos Abraham Ramos Sotomayor.
