El nuevo Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, enmarcado en la Ley de Telecomunicaciones del gobierno federal, generará un costo superior a 4,053 millones de pesos para los operadores de telecomunicaciones en México. Este gasto, que incluye 22 millones de pesos para el desarrollo de la plataforma y más de 4,000 millones destinados a la validación de identidad de los usuarios, se traducirá inevitablemente en un aumento de tarifas para los consumidores.
Las principales operadoras, Telcel, AT&T, Telefónica y Altán Redes, deberán crear dos plataformas: una para el registro y otra para la consulta de las aproximadamente 143 millones de líneas activas en el país. Los Operadores Móviles Virtuales (OMV) también estarán obligados a arrendar estos servicios, lo que incrementará sus costos operativos.
Expertos en telecomunicaciones señalan que la carga económica probablemente recaerá sobre los usuarios. Las empresas con una base de usuarios más amplia, como Telcel y AT&T, podrían absorber el impacto debido a su capacidad financiera, aunque, según estimaciones, los OMV más pequeños enfrentarán desafíos significativos para cumplir con la nueva regulación.
Los analistas anticipan que las tarifas podrían aumentar, así como la reducción de paquetes de datos y menor vigencia en los planes. Se estima que las sanciones para los operadores que no cumplan con la normativa podrían alcanzar hasta el 0.75% de sus ingresos, y los usuarios que no registren su línea perderán su acceso al servicio.
El costo total del registro se aproxima a 220 millones de dólares, que, aunque inicialmente será absorbido por las compañías de telecomunicaciones, eventualmente será repercutido en los consumidores. El proyecto abarca diversas áreas, desde la validación de identidad hasta la gestión de incidentes de seguridad, lo que ha generado preocupaciones sobre el impacto en el mercado y la posibilidad de competencia desleal, dado que una parte significativa de la inversión será respaldada por recursos públicos.
El registro se implementará de forma obligatoria a partir de junio de 2026, requiriendo que todos los usuarios vinculen su CURP y una identificación oficial a su línea telefónica. Esto no solo plantea un reto para los consumidores, sino que también ha suscitado inquietudes en cuanto a la privacidad, considerando que las agencias de seguridad tendrán acceso al padrón en tiempo real.
El gobierno sostiene que esta medida busca combatir delitos como extorsiones y fraudes, sin embargo, los especialistas advierten que podría agravar el acceso a la conectividad, particularmente entre los sectores de menores ingresos, ampliando una brecha digital que se pretende cerrar.
