En México, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investiga una posible vulneración de las bases de datos de instituciones públicas que podría haber afectado información personal. La indagatoria tiene relevancia local por el alcance potencial de los registros comprometidos y por las medidas de seguridad que deben adoptarse en las dependencias involucradas.
La dependencia informó que identificó la presunta filtración durante el monitoreo de incidentes de ciberseguridad y de información difundida públicamente. Según el comunicado, la posible afectación fue detectada en espacios de la deep web donde se presume la obtención de datos.
No obstante, la investigación considerará todas las hipótesis, incluyendo el uso indebido de credenciales de acceso o una eventual filtración interna, además de un posible hackeo. La Secretaría aclaró que evaluará el origen de la brecha antes de concluir sobre las causas.
Se abrieron indagatorias de oficio para analizar el incidente, identificar fallas en las medidas de seguridad y determinar las infracciones administrativas correspondientes. Las dependencias públicas señaladas están obligadas a colaborar con las pesquisas y, de ser necesario, presentar denuncias ante las autoridades competentes.
Si de las investigaciones se advierte la participación de alguna persona servidora pública en conductas que pudieran constituir un delito, la Secretaría dará vista a la Fiscalía General de la República. De forma paralela, los procesos podrán derivar en observaciones y recomendaciones técnicas.
Entre las recomendaciones previstas figuran la corrección de vulnerabilidades en ciberseguridad, el reforzamiento de controles de acceso y la adecuada supervisión del personal con acceso a sistemas. La Secretaría enfatizó la necesidad de medidas correctivas para prevenir nuevas filtraciones y proteger la información pública.
