El avance de corrientes conservadoras que restringen el acceso al aborto está teniendo efectos directos en muchos países de la región, donde cambios legales y administrativos complican el acceso a la interrupción voluntaria y a servicios de salud sexual y reproductiva.
Esa ola conservadora reabrió el debate en lugares donde la denominada “marea verde” había logrado avances, y se refleja tanto en medidas legislativas como en prácticas judiciales y administrativas que reducen el acceso seguro al aborto.
En Argentina, donde la movilización por el derecho a la interrupción voluntaria logró la aprobación de una ley que amplió el acceso hasta determinada semana de gestación, las recientes decisiones de gobierno han recortado presupuestos de programas de salud sexual y limitado la distribución de medicamentos como misoprostol y mifepristona.
En Chile, un proyecto para legalizar el aborto sin causales impulsado por el Gobierno enfrentó escasas posibilidades de prosperar debido a la composición del Parlamento, mientras que el próximo Ejecutivo expresa una firme postura antiabortista.
En Puerto Rico se anunció una medida que tipifica como asesinato la muerte del concebido no nacido, un cambio que eleva la criminalización en el ámbito local y genera preocupación entre organizaciones de salud y derechos reproductivos.
El Salvador ejemplifica la dureza de la persecución judicial: el sistema suele calificar como homicidio agravado casos que incluyen abortos espontáneos o emergencias obstétricas, con sentencias muy elevadas que alcanzan varias décadas de prisión.
En Filipinas la interrupción voluntaria del embarazo está prohibida en todas las circunstancias, lo que obliga a miles de mujeres a continuar embarazos no deseados y, según organizaciones locales, contribuye a muertes y hospitalizaciones por abortos inseguros.
En Europa y otras regiones también se observan retrocesos: reducciones en las interrupciones legales en países como Polonia, Italia, Hungría, Eslovaquia y Rusia, y medidas administrativas que dificultan el acceso efectivo en distintos sistemas de salud.
Algunos gobiernos han introducido requisitos adicionales, como la obligación de escuchar el latido fetal antes de decidir, y en casos extremos el temor a sanciones ha llevado a retrasos médicos con consecuencias fatales para mujeres en riesgo.
En Asia, la derogación de normas punitivas en algunas jurisdicciones dejó vacíos regulatorios que han derivado en procesos judiciales por abortos en etapas avanzadas, incluso cuando las acusadas alegan desconocimiento del embarazo por razones médicas.
Pese a esos retrocesos, organizaciones de derechos reproductivos señalan avances en otros países, donde se han tomado medidas para garantizar cobertura de seguros o reconocer el derecho al aborto en marcos constitucionales, lo que mantiene abierto el debate sobre políticas públicas y protección de la salud materna.
