El gobierno de Colombia condenó ante la Organización de Estados Americanos las acciones militares unilaterales de Estados Unidos que derivaron en la captura del presidente venezolano, y advirtió que constituyen una amenaza para la seguridad y la soberanía regionales. Bogotá señaló además que estas acciones representan un riesgo directo para la estabilidad y la integridad territorial del país.
El viceministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Jaramillo, afirmó que lo ocurrido supone una violación del derecho internacional y advirtió que la democracia no puede imponerse por la fuerza ni mediante intervenciones externas. Colombia exigió el cese de las amenazas contra su territorio y su jefe de Estado elegido democráticamente.
El representante de Estados Unidos ante la OEA rechazó que la operación constituya una intervención contra la soberanía y defendió la detención del mandatario como un paso hacia la restauración de la democracia en Venezuela. Señaló además que se actuó contra lo que calificó de estructura criminal y subrayó la obligación de proteger a la región de amenazas como el narcotráfico.
Bogotá respondió con firmeza a comentarios del gobierno estadounidense que habrían señalado al presidente colombiano como un posible objetivo, rechazando las amenazas y las descalificaciones personales. El Ejecutivo colombiano convocó a la comunidad internacional a evitar acciones que aumenten la tensión y pongan en riesgo la paz regional.
El gobierno también advirtió que la crisis venezolana podría provocar una nueva ola masiva de migración y pidió expresamente evitar ataques contra objetivos civiles. En su intervención ante la OEA, Colombia insistió en la necesidad de garantizar la protección de la población y de las fronteras.
El embajador de México ante el organismo pidió el respeto al derecho internacional y a la soberanía de Venezuela, y reclamó que sean los pueblos quienes definan libremente sus recursos y formas de gobierno. Otros países de la región se sumaron al llamado, aunque algunos recordaron que previamente habían cuestionado la legitimidad de la reelección del líder venezolano, y coincidieron en que la intervención militar pone en riesgo la estabilidad regional.
El representante de Chile dijo que su país rechaza los actos autoritarios del régimen venezolano, pero sostuvo que la injerencia militar no es el camino para una transición democrática y defendió que sean los venezolanos quienes decidan su futuro. La posición de estos gobiernos busca combinar la condena a posibles abusos de poder con el rechazo a soluciones militares externas.
El presidente de Venezuela fue presentado ante un tribunal federal en Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, donde ambos rechazaron las acusaciones de narcoterrorismo y otros cargos que la Fiscalía estadounidense atribuye para justificar su detención. Las autoridades estadounidenses mantienen los procesos legales vinculados a esos cargos mientras persisten las repercusiones diplomáticas en la región.
