En México, la operación militar que terminó con la vida del líder del cártel más buscado del país representa la apuesta más ambiciosa hasta ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum en su ofensiva contra las organizaciones criminales. La acción tiene implicaciones directas para la seguridad interior y la estabilidad local.
El Ejército mexicano lanzó una operación sorpresa contra Nemesio «El Mencho», cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo que se ha consolidado como uno de los más extensos y violentos del país. El CJNG había ampliado su alcance territorial hasta rivalizar con otros cárteles tradicionales.
Las autoridades destacaron que el jefe del grupo tenía una recompensa de 15 millones de dólares por parte de Estados Unidos y que había evadido detenciones durante años. Su muerte es considerada por especialistas como un posible punto de inflexión en la lucha contra los cárteles y la mayor operación de seguridad en el país en años.
Washington aportó apoyo de inteligencia para la intervención y ha presionado para que México intensifique sus acciones contra las organizaciones criminales; a la vez, funcionarios estadounidenses elogiaron la operación. El presidente de Estados Unidos volvió a instar a las autoridades mexicanas a aumentar sus esfuerzos frente a los cárteles.
Para el gobierno mexicano, la redada buscó mostrar capacidad para ejecutar operaciones complejas sin tropas extranjeras en el terreno, pero también entraña el riesgo de una reacción violenta que podría afectar la popularidad del Ejecutivo si la violencia se desborda. Analistas advierten que están en juego la percepción de control y la estabilidad pública.
Tras la operación se registraron ataques de represalia atribuidos a seguidores de «El Mencho»: vehículos y comercios incendiados y la instalación de más de 250 barricadas en 20 de los 32 estados del país, según informes oficiales. La mayoría de los bloqueos fueron levantados al poco tiempo, pero los episodios reavivaron el temor en una sociedad fatigada por años de violencia.
La acción también plantea un contraste con la estrategia de la administración anterior, que priorizó programas sociales y defendió un enfoque basado en «abrazos, no balazos». Críticos sostienen que esa política permitió la consolidación y expansión de grupos como el CJNG hacia múltiples actividades ilícitas y económicas.
Expertos en seguridad señalan que el CJNG opera como una red de franquicias con grupos semiautónomos, lo que podría llevar a cambios de alineación tras la muerte de su líder. Esa fragmentación o recomposición podría aumentar la violencia local en el corto plazo.
En el plano operativo, analistas advierten que el Ejército enfrenta el desafío de mantener ofensivas simultáneas contra el CJNG y otros cárteles ya en la mira, como el de Sinaloa, y cuestionan si las fuerzas podrán sostener operaciones a gran escala en varios frentes. El gobierno deberá decidir la magnitud de la respuesta mientras la sociedad observa las consecuencias de la acción.
