En México interesa la acusación del gobierno de Estados Unidos porque señala operaciones de narcotráfico y lavado de dinero que habrían involucrado territorio mexicano y a cárteles locales, con posibles efectos en la seguridad y la cooperación bilateral. La denuncia afirma que esos movimientos de dinero y drogas tuvieron rutas que incluyeron a México como punto de trasbordo.
El gobierno estadunidense acusa a Nicolás Maduro de participar en un esquema para mover drogas hacia Estados Unidos y repatriar las ganancias a Venezuela, en colaboración con grupos como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas. La acusación fue presentada en el Distrito Sur de Nueva York.
Según el documento, Maduro habría entregado pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y facilitado la cobertura oficial para aeronaves utilizadas por lavadores de dinero. Esa protección permitió, según la acusación, el traslado de efectivo desde México a Venezuela en vuelos privados.
El expediente indica que, cuando ocupó la cartera de Relaciones Exteriores, Maduro vendió esa protección a criminales y coordinó el uso de aviones privados para mover fondos. También se afirma que informaba a la embajada venezolana en México sobre la llegada de misiones diplomáticas vinculadas a esos traslados.
La acusación añade que, mientras los narcotraficantes se reunían con representantes diplomáticos, se cargaba dinero en las aeronaves y luego regresaban a Venezuela con el efectivo. El texto sostiene que esa cobertura diplomática facilitó la repatriación de ganancias del narcotráfico.
El escrito vincula además a otros altos funcionarios del régimen con el empoderamiento y crecimiento de grupos violentos calificados como narcoterroristas, entre ellos Diosdado Cabello Rondón y Ramón Rodríguez Chacín. Se menciona que organizaciones como el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y las FARC habrían trabajado con esos funcionarios, enviándoles ganancias y beneficiándose del aumento de precio de la cocaína en los puntos de trasbordo hacia Estados Unidos.
La causa está en manos de autoridades judiciales en Estados Unidos y las acusaciones plantean potenciales consecuencias legales y diplomáticas entre los países involucrados.
