En la Ciudad de México, la aprobación por parte de 20 congresos locales del llamado «plan B» de la reforma electoral fue celebrada por la presidenta como un avance que tiene efectos directos en la organización de los municipios y la vida política local. Esa ratificación, según el Ejecutivo, convierte el esquema en constitucional y repercute en autoridades y cargos a nivel estatal y municipal.
La mandataria explicó en una conferencia que la alternativa presentada al Congreso obtuvo el respaldo necesario tras la falta de apoyo a su iniciativa original en la Cámara de Diputados. Afirmó que únicamente resta que la ley regrese al Senado para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Según el gobierno, la esencia del «plan B» fue aprobada por las legislaturas estatales y por ello ya se considera un hecho para el país, a la espera de los trámites formales. La Presidencia resaltó que la transformación pasará pronto de la etapa legislativa a la administrativa.
Entre los cambios que se atribuyen a la reforma se señalan la prohibición de la reelección, medidas contra el nepotismo, la reducción de recursos a los congresos estatales y la disminución en el número de regidores. También se mencionó el fin de las denominadas pensiones doradas y recortes en salarios, bonos y seguros de gastos médicos mayores para consejeros y magistrados electorales.
Los estados que avalaron la reforma corresponden en buena medida a entidades gobernadas por Morena, e incluyen, entre otras, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, Baja California, Yucatán, Puebla, Baja California Sur y el Estado de México. La administración subraya que el respaldo provino de diversas legislaturas estatales del mismo signo político.
La ratificación a nivel constitucional exige la aprobación de al menos 17 de los 32 estados de la República, requisito que permite modificar la integración y el funcionamiento de los ayuntamientos en las entidades que apoyaron la reforma.
