En México, recientes investigaciones sobre el llamado “huachicol” han involucrado a exfuncionarios, personal militar y empresarios, generando repercusiones en instituciones públicas y privadas a nivel nacional.
Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, aparece en indagatorias por presunto lavado de dinero vinculado al robo y comercialización ilícita de combustibles. Su firma, Vector Casa de Bolsa, fue sancionada por autoridades financieras extranjeras por presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico, y la Fiscalía investiga posibles vínculos con empresas relacionadas con una red de robo de hidrocarburos conocida como Grupo Potesta.
En el ámbito castrense, una red fiscal de robo de combustible salpicó a altos mandos de la Secretaría de Marina, un exjuez y varios empresarios, tras detenciones vinculadas a operaciones en Tamaulipas. El aseguramiento de millones de litros de hidrocarburo en puertos del estado dio pie a expedientes que apuntan a la introducción ilegal de decenas de buques tanque en Tampico y Altamira, según las autoridades.
Las investigaciones incluyen órdenes de aprehensión contra integrantes de la familia Farías Laguna, a quienes se atribuye la coordinación de contrabando de combustible, tráfico de armas y drogas, evasión fiscal y tráfico de influencias. Funcionarios hacendarios estiman que el daño fiscal asociado a estas prácticas supera los cientos de miles de millones de pesos.
En el sector empresarial y del entretenimiento, el propietario del certamen Miss Universo en México, Raúl Rocha Cantú, fue señalado en una investigación por supuestas operaciones de huachicol con origen en Guatemala. El caso cobró visibilidad durante la edición del certamen en la que resultó ganadora una representante nacional, y la Fiscalía atribuye a la organización investigaciones sobre sobornos para el traslado de gasolina en Tabasco y Chiapas.
Rocha figura entre las personas contra las que se emitieron órdenes de aprehensión por delitos que incluyen delincuencia organizada, narcotráfico, robo de hidrocarburos y tráfico de armas; informes judiciales apuntan a cambios en su situación procesal tras medidas de protección y nuevas resoluciones judiciales.
