La crisis de desapariciones en México tiene impacto directo en familias y comunidades locales, mientras expertos y colectivos alertan que la respuesta del Gobierno al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU podría obstaculizar la cooperación internacional para atenderla. La preocupación se produce en un contexto de impunidad y fallas institucionales que agravan la atención a las víctimas.
Un exintegrante del Comité explicó que la decisión de escalar el caso ante la Asamblea General responde al deterioro sostenido de la situación en el país. Señaló que, pese a avances normativos, la aplicación de las leyes ha sido limitada y las desapariciones continúan en aumento.
Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas registran más de 133,000 personas desaparecidas, mientras que autoridades y especialistas señalan alrededor de 80,000 cuerpos humanos sin identificar. Estas cifras evidencian una crisis forense y una percepción generalizada de impunidad.
El experto advirtió que los avances legislativos no han reducido la incidencia de desapariciones, ni han mejorado la identificación de cuerpos o la existencia de sentencias condenatorias, y que recomendaciones sobre políticas de prevención no se han implementado. Estas omisiones complican la búsqueda de resultados concretos.
El Comité ha señalado indicios de que en México podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad, opinión que las autoridades calificaron como sesgada. La discrepancia entre el diagnóstico internacional y la versión oficial ha generado tensión sobre la posibilidad de recibir apoyo técnico y financiero.
Familiares relatan el riesgo al buscar a personas desaparecidas: un hombre denunció que su hijo fue asesinado mientras buscaba a su hermana, desaparecida en el estado de Guanajuato. La familia también denunció omisiones institucionales, revictimización, opacidad en la información y falta de voluntad para realizar búsquedas eficaces.
Una académica advirtió que descalificar el diagnóstico del Comité, basado en testimonios de víctimas, prolonga la incertidumbre de las familias y retrasa acuerdos para permitir la llegada de ayuda internacional y herramientas técnicas. Organizaciones civiles consideraron insensible la respuesta del Estado, que minimiza la crisis y construye una narrativa que distorsiona la realidad de las personas desaparecidas.
Ante la visita prevista del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, participantes solicitaron que el representante haga un llamado a México para cumplir las recomendaciones del organismo. «Solo sabremos si México ya pasó el examen cuando personas como María o Javier tengan una experiencia distinta de la justicia», concluyeron representantes civiles.
