En México, la extradición de presuntos narcotraficantes a Estados Unidos para que testifiquen en procesos contra el narcotráfico ha generado repercusiones en materia de seguridad y política a nivel local. Estas entregas han involucrado a figuras de alto perfil solicitadas por la justicia estadounidense.
Entre los detenidos enviados a Estados Unidos figuran capos como Rafael Caro Quintero y Ovidio Guzmán López, quienes fueron remitidos para declarar ante tribunales federales. A Caro Quintero se le señala como autor del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, mientras que a Ovidio Guzmán se le vincula con gestiones para negociar acuerdos de cooperación judicial.
El gobierno mexicano remitió inicialmente a 29 personas buscadas por las autoridades estadounidenses y posteriormente envió un segundo grupo de 26 extraditados. Entre los trasladados están Abigael González Valencia, conocido como “El Cuini”, identificado como fundador de Los Cuinis y vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, y Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, exlíder de los grupos conocidos como Caballeros Templarios y La Familia Michoacana.
Medios y columnas periodísticas han destacado además declaraciones de testigos que vinculan a algunos de los testificantes con actores políticos mexicanos. En juicios y audiencias se han registrado testimonios, entre ellos el de Jesús “El Rey” Zambada, quien afirmó haber aportado siete millones de dólares a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en su primera candidatura.
Asimismo, un testigo protegido de la Administración para el Control de Drogas (DEA) aseguró que el Cártel de Sinaloa entregó dos millones de dólares a esa campaña. Otro testigo, identificado como Celso Ortega, líder de Los Ardillos, narró la entrega de recursos por parte de Los Zetas para la misma contienda electoral.
Las declaraciones incluidas en procesos judiciales en Estados Unidos se presentan como elementos de prueba y siguen siendo objeto de verificación y de evaluación por parte de las instancias judiciales correspondientes. Los vínculos mencionados hasta ahora provienen de testimonios y de reportes, por lo que las autoridades continuarán con las indagatorias y los procedimientos legales pertinentes.
