La decisión del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada de solicitar que el caso de México sea remitido a la Asamblea General generó rechazo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que consideró que la resolución tiene implicaciones directas para la gestión de las búsquedas y la coordinación institucional en el país.
La CNDH afirmó que el comité basó su determinación en denuncias de ONG y colectivos de familiares, y cuestionó que se hayan privilegiado posturas de organizaciones como el Centro Prodh por encima de los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales desplegados por el Estado.
El organismo sostuvo que, antes de una intervención de ese tipo, debieron agotarse primero las instancias nacionales previstas en la convención internacional y acusó al comité de ignorar las condiciones que el tratado establece para su intervención.
Según la CNDH, las desapariciones forzadas como política de Estado corresponden a periodos pasados, mientras que los casos actuales requieren ordenar las búsquedas y fortalecer a las instituciones encargadas de localizar a las víctimas.
La comisión señaló una contradicción en las conclusiones del comité, que por un lado afirma la ausencia de indicios suficientes de una política federal deliberada y por otro concluye que estos hechos ocurren conforme a políticas estatales u organizacionales.
En su defensa, la CNDH recordó que ha emitido recomendaciones por desaparición forzada relativas a hechos antiguos y a casos recientes, con expedientes abiertos en entidades como Morelos, Sinaloa, Durango, Guerrero y Puebla, y rechazó la propuesta de crear un mecanismo especial de esclarecimiento y otros esquemas de asistencia externa.
El organismo también criticó a organizaciones no gubernamentales por, dijo, lucrar y politizar el tema. El Gobierno mexicano calificó el informe del comité de tendencioso y con falta de rigor jurídico, mientras Amnistía Internacional celebró la decisión del comité, instó a aceptar la cooperación internacional y advirtió que la crisis afecta a más de 132,000 familias.
