En Jalisco, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco acusó que el gobierno ha abandonado las investigaciones en torno al rancho Izaguirre, un sitio de exterminio descubierto previamente, lo que, según la organización, tiene impacto directo en las familias de la región.
En un posicionamiento dirigido a la presidenta, el colectivo señaló que no se han realizado cateos suficientes, que faltan líneas de investigación por atender y que no se ha judicializado a funcionarios pese a existir, a su juicio, pruebas suficientes.
Los integrantes indicaron que se mantuvieron en silencio durante meses para no entorpecer las pesquisas y por confianza en las instituciones, pero que ahora consideran el caso totalmente descuidado. Acompañaron su comunicado con imágenes que, afirmaron, evidencian el abandono del sitio.
La agrupación advirtió del riesgo de que las personas detenidas por el caso queden en libertad debido a irregularidades, entre ellas la supuesta filtración de información desde la Fiscalía General de la República hacia el crimen organizado.
Denunciaron además la negación reiterada del acceso a la carpeta de investigación y sostuvieron que la pesquisa fue cerrada tras la salida de la anterior titular de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.
Aseguraron que fueron ignorados a pesar de haber enviado una carta extensa tanto a la presidenta como al exfiscal general, y calificaron como falsa la información que, según ellos, ha llegado a la presidencia.
El colectivo relató que testigos clave con información sensible tuvieron que huir al extranjero por temor y que manifestaron su intención de entregar pruebas fuera del país. Concluyeron pidiendo que no se normalice el abandono de sitios señalados como centros de exterminio y reclamaron que se preserve la memoria de las víctimas.
