En mesas de trabajo de la comisión, este jueves se analizaron las dos propuestas legislativas en cuestión, la primera, que impactaría en la Constitución Política del Estado, que busca establecer que el o la próxima fiscal estatal puedan asumir el cargo sin haber nacido en la entidad.

La segunda propuesta, busca modificar la estructura del Gabinete del Ejecutivo Estatal para conformar nuevas secretarías de estado, ambas anunciadas previo a su presentación por Libia García en una rueda de prensa.

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Después del análisis de ambas propuestas, el coordinador de la bancada de Morena, David Martínez Mendizábal, avaló la propuesta para ampliar el perfil de la o el fiscal, al exponer que se eliminan candados jurídicos que estorban en el proceso de designación.

Sin embargo, señaló que la reforma que impactaría al gabinete “está hecha con las patas”, dado que no hay argumentos sólidos para crear las nuevas dependencias en el Ejecutivo Estatal.

Criticó que las áreas jurídicas del Congreso y el estado, han desechado iniciativas de la oposición de menos peso por los impactos financieros, contrario a lo ocurrido con esta propuesta.

“Diseñaron este asunto, digamos, como se les pudo haber ocurrido, la secretaría del inicio prematuro como se pudo haber ocurrido la secretaría del aire o de otra cosa (…) si no hay fundamento con qué cara vamos a votar, y yo espero que el asunto de finanzas que le dio la vuelta y el asunto de impacto y de diseño, sean bien y ahí vamos a ver cuáles son las razones”.

Durante el análisis de la reforma a la estructura del Ejecutivo, la diputada de Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha Aguilar, señaló que con estas nuevas secretarias se duplicarían funciones de como lo es el caso de la promoción de la cultura que realizarían la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo e Identidad.

También expresó que no se puede centralizar nuevamente algunas dependencias a cargo de temas técnicos como el agua, pues precisamente requieren de un tratamiento especializado.

Yulma Rocha también expuso que la propuesta requiere una consulta entre personas indígenas y con discapacidad, de no hacerse, presentaría un amparo contra la reforma.

Puntualizó que miembros de la comunidad migrante, enviaron cartas tanto al gobernador Diego Sinhue Rodríguez como a Libia García para que se razone la propuesta con su participación de por medio.

“Se necesita una política específica en materia de atención a migrantes, y no nada más de los que están allá, sino de todas las familias que están aquí en Guanajuato, es por eso que nos sumamos a su voz y a su reclamo de ser escuchados para que se tome una decisión más razonada e informada”.

Por su parte, la presidenta de la comisión, Susana Bermúdez Cano, expresó que ninguna reforma está exenta de ser impugnada, pero en este caso se ha trabajado por evitar las inconstitucionalidades.

“Se ha blindado el proceso legislativo, se ha compartido toda la información, ha sido pública, está siendo consultada, se ha dado tiempo, ahorita la participación en la mesa”.

La aprobación de ambas iniciativas, se contempla, sea en esta legislatura, durante un periodo extraordinario de sesiones, el cual se pronostica se habrá antes de la primera quincena de septiembre.