La Cámara de Diputados de México ha aprobado por unanimidad una reforma al artículo 73 de la Constitución, otorgando al Congreso de la Unión la facultad de crear una ley general contra la extorsión. Este cambio legislativo permitirá perseguir este delito sin necesidad de denuncias previas, un aspecto considerado crucial dada la creciente incidencia de extorsiones en el país.
El dictamen ha sido remitido al Senado, donde también se evaluará su aprobación. En caso de recibir luz verde, se elaborará la Ley General contra la Extorsión, que establecerá un marco nacional para la tipificación de los delitos de extorsión y sus sanciones correspondientes.
Con un total de 474 votos a favor, la reforma fue considerada una prioridad sumada a la agenda de seguridad del país. Buscan clasificar la extorsión como un delito de “alto impacto” por su incremento y sus graves repercusiones en las víctimas y en la sociedad en general. Las acciones que se proponen incluirán medidas de prevención, investigación, y apoyo a las víctimas y testigos.
En los primeros seis meses de 2025, al menos 5,887 casos de extorsión han sido documentados en México, convirtiéndose en el tercer delito más común en el país, con un aumento promedio del 8% anual. Además, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, el 96.7% de las extorsiones no se denuncian, lo que resalta la necesidad de un enfoque más robusto y eficiente ante esta problemática.
Las extorsiones se presentan comúnmente en forma de estafas telefónicas y cobros de “piso” por parte de organizaciones criminales. Un diputado de Morena destacó que en 2018 se reportaban 19 extorsiones diarias, cifra que ha crecido a 29 en la actualidad, marcando un incremento del 58% en seis años. La reforma tiene el propósito de abordar esta problemática de manera más efectiva, transformando la naturaleza del delito en uno que se persiga de oficio.
Cabe mencionar que el delito de extorsión no había sido tipificado en el Código Penal Federal desde 1984, y su evolución ha hecho evidente la insuficiencia de la normativa actual. La disparidad en las tipificaciones y sanciones entre diferentes entidades del país también ha obstaculizado la lucha contra este delito.
Si el Senado aprueba la reforma, se establecerá un plazo de 180 días para la creación de la ley general. Un llamado ha sido realizado a acelerar este proceso, en lugar de esperar a que se agote el plazo previsto.
