En México, el desempleo juvenil ha alcanzado niveles preocupantes, convirtiéndose en un problema estructural. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cerca de cuatro de cada diez desempleados en el país tiene entre 20 y 29 años, lo que subraya que este segmento de la población enfrenta una de las tasas más altas de desocupación, a pesar de que las cifras oficiales presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican un desempleo juvenil del 4.8% al primer trimestre del 2024, frente al 5.9% que reporta la OIT en la Población Económicamente Activa (PEA). Esta disparidad sugiere una realidad más compleja: una baja tasa de desempleo no implica necesariamente la existencia de empleos de calidad, ya que la informalidad en el empleo es un fenómeno significativo en el país.
El crecimiento de la informalidad ha llevado a que muchos jóvenes que logran encontrar trabajo lo hagan en condiciones precarias, sin acceso a seguridad social ni posibilidades de desarrollo profesional. En respuesta a esta situación, las autoridades han implementado varias iniciativas para fomentar el empleo formal entre los jóvenes. Durante el mes de agosto, se llevaron a cabo más de 69 «Ferias de las Juventudes», donde se ofrecieron cerca de 37 mil vacantes de más de 2,200 empresas diferentes, todas ellas con la condición de cumplir al menos con el salario mínimo.
El titular del Servicio Nacional de Empleo destacó que, aunque no se puede regular el salario que las empresas ofrecen, se prioriza la presentación de empleos formales. Sin embargo, también reconoció que la falta de experiencia laboral representa un obstáculo considerable. Por esta razón, se están integrando programas de capacitación para aquellos que no tienen estudios profesionales, y se ofrecen servicios de asesoría para la elaboración de currículums y contratación directa en estos eventos.
Con una población juvenil de alrededor de 31 millones de personas, que constituye aproximadamente el 23% del total de habitantes del país, la posibilidad de insertarse en el mercado laboral es limitada debido a diversas condiciones sociales y económicas. Las autoridades han señalado que una gran parte de los jóvenes enfrenta dificultades para encontrar trabajo: más de la mitad de los 15 millones de jóvenes que trabajan se encuentran en condiciones precarias, con salarios bajos y jornadas extensas.
Por otro lado, el panorama no mejora con la educación superior. A pesar de que contar con un título universitario puede parecer una ventaja, el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revela que en México, los jóvenes con estudios universitarios enfrentan tasas de desempleo incluso más altas que aquellos que no han accedido a la educación superior. La sobreoferta de profesionistas en ciertas áreas, combinada con la falta de vinculación con el sector productivo, contribuye a que muchos egresados se enfrenten a la frustrante realidad del desempleo o subempleo.
Además, el mercado laboral en México presenta también otras problemáticas, como la discriminación por edad, que afecta a adultos mayores de 50 años, y el aumento de empleos independientes, a menudo desprovistos de prestaciones y estabilidad laboral. Esto implica que, incluso al conseguir un empleo, los jóvenes pueden no contar con las garantías necesarias para construir un futuro sostenible.
Frente a esta coyuntura, se ha planteado la necesidad urgente de una legislación integral que aborde las condiciones laborales de los jóvenes. Si no se actúa para garantizar empleos formales y dignos, el país podría enfrentar el grave riesgo de perder una generación entera a la informalidad y la precariedad laboral.
