La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha decidido no sancionar a los superdelegados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de acumular 209 denuncias por diversas irregularidades, como el uso indebido de programas sociales y nepotismo. De estas quejas, un asombroso 92% han sido archivadas sin consecuencias.
Irregularidades y Denuncias
Según información obtenida a través de la Ley de Transparencia, 181 expedientes fueron cerrados al no encontrarse elementos suficientes para acreditar las faltas administrativas. Además, 11 casos fueron desestimados por falta de competencia de la SFP, y 16 siguen bajo investigación en el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Bienestar.
El único caso en el que se reportó una sanción se relaciona con un exdelegado en la extinta Secretaría de Desarrollo Social, antes de 2018.
Quejas Regionales
Las denuncias abarcan todas las entidades del país, con Aguascalientes liderando la lista con 17 quejas entre octubre de 2019 y marzo de 2022. Los superdelegados han sido acusados de desvío de recursos, abuso de autoridad y tráfico de influencias, entre otros delitos.
Un aspecto preocupante es que muchas de las denuncias provienen de los propios servidores de la nación, quienes han denunciado irregularidades en el manejo de los programas sociales. Por ejemplo, un empleado relató haber renunciado tras un acuerdo no cumplido con un superdelegado en Guanajuato.
Archivos y Desestimaciones
Las quejas no solo han sido archivadas, sino que a menudo se desestiman con argumentos como la «naturaleza laboral» de los incidentes, lo que limita la acción de la SFP. En Puebla, varios superdelegados enfrentaron acusaciones de enriquecimiento oculto y abuso de autoridad, pero también terminaron en acuerdos de archivo.
La situación refleja un ambiente en el que la SFP ha cerrado los ojos ante múltiples denuncias, provocando que estos funcionarios sean considerados intocables.
Contexto Político
Los superdelegados comenzaron a acumular quejas poco después de asumir sus cargos en marzo de 2019. En varias ocasiones, la entonces titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, informó sobre las denuncias y la situación crítica que enfrentaban, sin embargo, la respuesta ha sido insuficiente.
La impunidad parece ser un sello distintivo de la administración actual, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la eficacia del sistema de supervisión del gobierno. La falta de acciones concretas para abordar estas irregularidades pone en duda el compromiso del gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas.
