Guanajuato: Aumentan las Desapariciones de Buscadores
En Guanajuato, el secuestro de un integrante del colectivo “Hasta Encontrarte”, conocido como José Francisco Arias Mendoza, ha alarmado a la sociedad civil. Esta situación se agrava al sumarse a otros tres casos de desapariciones de buscadores que han ocurrido desde 2024. Arias, de 54 años, fue sacado por la fuerza de su hogar en Irapuato, donde testigos indican que se presenció el asesinato de su hijo antes de su propia privación de libertad.
Desde 2022, Arias se había dedicado a la búsqueda de su hijastro Miguel Ángel, quien desapareció en enero de 2022 y cuyos restos fueron encontrados un año después. A pesar de esta tragedia personal, decidió mantenerse activo en las labores del colectivo junto a otros familiares de desaparecidos.
El caso de Arias no se encuentra aislado. Un informe de sus compañeros describe que ha sido objeto de múltiples amenazas, reflejando un patrón preocupante de violencia hacia aquellos que buscan justicia para sus seres queridos. La denuncia por su desaparición ya ha sido presentada ante las autoridades.
Otro caso significativo involucra a Lorenza Cano Flores, miembro del colectivo “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos”, quien fue secuestrada el 15 de enero tras un ataque violento en su hogar que resultó en la muerte de su esposo e hijo. Lorenza busca a su hermano José Francisco, desaparecido desde 2018.
En Apaseo el Grande, dos buscadores, Óscar Iván Jiménez y su pareja Luz Alejandra Lara, desaparecieron el 5 de noviembre. Se encontraban en una residencia cuando fueron vistos por última vez tras recibir una llamada telefónica.
La situación ha llamado la atención del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, que ha exigido al Estado de Guanajuato acciones urgentes para la localización de los desaparecidos. En este contexto, el estado se enfrenta a un creciente escrutinio por la violencia contra buscadores.
Guanajuato ha sido señalado como uno de los estados con los índices más altos de homicidios de familiares de desaparecidos, de acuerdo con un diagnóstico sobre seguridad en el país. Este fenómeno ha llevado a activistas y organizaciones a intensificar sus esfuerzos en pro de la creación de protocolos de seguridad y protección para quienes realizan esta labor humanitaria.
El panorama en Guanajuato es sombrío, ya que varios buscadores han sido asesinados en circunstancias similares. La lucha por encontrar a sus seres queridos se ha cobrado un alto precio en términos de seguridad y vida, planteando interrogantes sobre la efectividad del Estado para proteger a los más vulnerables en su búsqueda de justicia.