La Policía Nacional de España, en colaboración con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y fuerzas policiales de Países Bajos, ha desmantelado una oficina operativa del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en territorio español. Esta operación, que ha resultado en la detención de 20 personas en diversas localidades del país, se ha concentrado en la introducción de grandes cantidades de drogas, específicamente cocaína y metanfetaminas, provenientes de Sudamérica.
La operación, denominada «Oyamel», ha permitido a las autoridades confiscar 1,870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275,000 euros en efectivo, criptomonedas por un valor de 15,000 dólares, tres armas cortas, 15 vehículos y 14 kilos de plata. La investigación reveló que la organización criminal coordinaba sus envíos desde una finca en la provincia de Ávila, con enlaces operativos en Bilbao y Valencia. Otras propiedades en Talavera de la Reina también estaban involucradas en el envío de maquinaria industrial que contenía el estupefaciente, con destino a Italia, donde la organización mantenía vínculos con la camorra napolitana.
Entre los detenidos, que incluyen a un empresario español y varias figuras de la mafia italiana, se han destacado dos objetivos clave para la DEA. Este empresario facilitaba el apoyo logístico para las operaciones del cártel mediante diversas sociedades mercantiles, a su vez utilizadas para el lavado de dinero.
La investigación se inició a comienzos del año, tras detectar la introducción de cocaína en maquinaria industrial, aprovechando la estructura empresarial del mencionado empresario. Los investigadores afirmaron que el CJNG había reactivado su operativa para recibir un cargamento de droga procedente de Costa Rica, con la incorporación de nuevos miembros enviados directamente desde México.
La operación se desarrolló en dos fases: una centrada en las detenciones dentro del núcleo operativo y otra en los puntos de distribución en Valencia y el País Vasco. Durante su ejecución, se logró interceptar un cargamento marítimo proveniente de Costa Rica que contenía estupefacientes escondidos en maquinaria industrial. La acción ha sido supervisada por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga.
