Los diputados de Morena, en colaboración con aliados y el Movimiento Ciudadano (MC), respaldaron con 339 votos a favor la aprobación en lo particular de un dictamen para crear una nueva Ley contra la Extorsión. Este nuevo marco legal incluye la modificación de la pena para los funcionarios que no reporten este delito, la cual pasaría de 20 a 12 años de prisión.
Las bancadas del PAN y del PRI expresaron su oposición, argumentando que la ley está diseñada para beneficiar a ciertos personajes, en particular al ex titular de Seguridad Pública de Tabasco y a un destacado líder de Morena en el Senado.
El Partido del Trabajo (PT) mostró una división en su votación; mientras algunos de sus miembros se posicionaron en contra, otros decidieron abstenerse. Entre los opositores también se encuentra una diputada de Morena. A pesar de la disidencia, el acuerdo para los cambios fue respaldado por la coordinadora de MC, quien apoyó la propuesta de modificar las penas.
Durante el debate, el líder de los diputados de Morena indicó que la reducción de penas responde a un principio de proporcionalidad, señalando que la discrepancia actual entre las sanciones a delincuentes comunes y a funcionarios cómplices es evidente. En este sentido, planteó que la reforma debía ajustar las condenas, argumentando que las penas actuales son desproporcionadas en comparación con el marco penal general.
Por su parte, el coordinador del PAN pidió que, en lugar de disminuir las sanciones para los funcionarios, se considerara un aumento en las penas para los extorsionadores. Esto, a su juicio, evitaría el establecimiento de un régimen especial que favorezca a funcionarios corruptos.
Una diputada del PT coincidió en que debía considerarse aumentar las penas para extorsionadores y se mostró abierta a dialogar al respecto, aunque no se logró alcanzar un acuerdo.
El debate también incluyó cuestionamientos sobre el impacto que tendría la ley, con argumentos de que la reducción de penas podría ser vista como un premio para quienes cometen extorsiones, lo que generaría un riesgo para la seguridad pública.
Voces dentro de la bancada de Morena enfatizaron que las acusaciones de favoritismo hacia ciertos individuos eran infundadas, subrayando que la ley introducirá agravantes que no existían anteriormente en el sistema jurídico.
No obstante, algunos diputados manifestaron su preocupación por la posible retroactividad de la ley y el impacto que esto podría tener en los delitos en curso en diferentes estados del país.
El debate continúa abierto, con posturas enfrentadas sobre el significado y las implicaciones de esta nueva legislación en el contexto de la lucha contra la extorsión en México.
