Los electrolitos orales, conocidos por su uso en la rehidratación, se encuentran en el centro de un debate legislativo en el Congreso. La propuesta de gravar estos productos con IVA e IEPS ha surgido como una posible medida para aumentar la recaudación fiscal del país.
La Secretaría de Hacienda ha manifestado su disposición a evaluar la situación fiscal de estas bebidas, actualmente consideradas medicamentos y, por ende, exentas de impuestos. Durante una reciente comparecencia, el titular de la Secretaría expresó que la Ley de Ingresos es solo una propuesta inicial y que el Ejecutivo está abierto a discutir posibles modificaciones.
Estimaciones de legisladores sugieren que la implementación de impuestos sobre los electrolitos podría generar hasta 5,000 millones de pesos adicionales en ingresos el próximo año. En 2024, una de las marcas más destacadas reportó ventas superiores a 16,000 millones de pesos, lo que ha llevado a un déficit fiscal acumulado de más de 12,000 millones de pesos en cinco años debido a su estatus de exención.
Legisladores del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo han argumentado que estas bebidas se registran como medicamentos para evitar el pago de impuestos y el cumplimiento de sellos de advertencia, lo que a su juicio, crea una ventaja competitiva desleal frente a otras bebidas endulzadas. Además, se ha señalado que contienen hasta 3.7 veces más azúcar que productos similares, representando un riesgo para la salud pública.
El debate va más allá del aspecto económico, ya que se busca que los electrolitos orales dejen de ser clasificados como medicamentos, dada su alta concentración de glucosa en contraste con las fórmulas de rehidratación recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.
La iniciativa legislativa contempla reformas para que estas bebidas tengan un tratamiento fiscal similar al de refrescos o jugos industriales y que incluyan sellos de advertencia nutricional si superan ciertos límites de azúcares o sodio. Se argumenta que la composición actual de estos productos prioriza el sabor sobre su efecto clínico, lo que resulta en una «distorsión del mercado» y un perjuicio para la salud pública.
El impacto directo de esta propuesta se reflejaría en el precio para el consumidor. Si se aprueba, el costo de un litro de Electrolit podría aumentar de 33 pesos a más de 41 pesos, lo que supone un incremento casi del 27%. Este aumento se debe a la combinación de una cuota fija del IEPS y el IVA correspondiente. Otros tamaños de presentación también experimentarían aumentos significativos.
La propuesta cuenta con el respaldo de varias fuerzas políticas y podría ser aprobada antes del cierre del año legislativo. En caso de avanzar, se otorgaría un plazo de adaptación para los productores y comercializadores, quienes tendrían que modificar etiquetas para cumplir con las nuevas normativas.
