Ecuador cerró el año con un nuevo récord de homicidios, registrando 8.847 casos, una situación que afecta especialmente a las provincias costeras y a la ciudad de Guayaquil, donde se concentra gran parte de la violencia. Las autoridades policiales atribuyen el aumento a la disputa por el control territorial entre bandas del crimen organizado.
La cifra supera los registros previos y confirma una escalada de violencia sostenida, que ya había sido anticipada por observatorios y organizaciones que monitorean el crimen organizado. Informes internacionales advierten además que el país podría alcanzar tasas de homicidio entre las más altas de la región si la tendencia continúa.
El mes de mayor intensidad concentró más de 900 asesinatos, lo que provocó una reubicación de mandos policiales y militares hacia las zonas más afectadas. Guayas, cuya capital es Guayaquil, concentra la mayor parte de los homicidios reportados, seguida por otras provincias costeras golpeadas por el narcotráfico.
En esas provincias se implementó un estado de excepción ante el incremento de secuestros, extorsiones y ataques con explosivos, medidas que incluyen mayor presencia militar en cárceles y operativos conjuntos. Las autoridades sostienen que las acciones buscan debilitar a las organizaciones criminales y recuperar el control territorial.
Durante el año se registraron incidentes graves como masacres en centros penitenciarios, atentados con coches bomba y el ataque que provocó la muerte de varios efectivos en un operativo contra actividades ilegales en la Amazonía. Grupos disidentes vinculados al crimen transnacional han sido señalados en algunas de estas acciones.
Una de las últimas masacres ocurrió en una zona de compra y venta de mariscos en Manabí, donde fueron abatidas seis personas, entre ellas una niña de dos años. La Policía atribuyó provisionalmente el ataque a disputas internas entre estructuras delictivas organizadas.
Las fuerzas de seguridad informaron de la captura y extradición de varios cabecillas de las bandas más poderosas, medidas que consideran clave para desarticular estas redes. Sin embargo, analistas advierten que las detenciones pueden generar fragmentación y un aumento de la violencia si no se logra un control sostenido de las cárceles y una presencia estatal permanente en las comunidades afectadas.
Los pronósticos de organismos especializados señalan que, a menos que se estabilice la hegemonía de un grupo criminal o se afiance el control estatal en las zonas más golpeadas, la violencia podría mantenerse al alza en los próximos meses.
