Cuerámaro, Gto., 14 de diciembre de 2024.— Como resultado de una sentencia emitida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato en contra del municipio de Cuerámaro, este viernes se procedió al embargo oficial de la partida presupuestal destinada al pago de sentencias y resoluciones judiciales, así como de la cuenta bancaria vinculada a dicha partida, que también se utiliza para el pago de sueldos y salarios municipales.
La diligencia de embargo fue notificada en la tesorería municipal, detallando que el monto inicial requerido asciende a un millón de pesos. Este importe corresponde a una parte de los salarios caídos que deben ser cubiertos a 50 exservidores públicos despedidos injustificadamente durante la administración anterior.
De acuerdo con algunos extrabajadores municipales, el fallo judicial contempla una cifra mayor, ya que ordena la reinstalación de los empleados afectados, el pago total de los salarios caídos y otros gastos relacionados con el caso.
“El día de ayer se llevó a cabo una diligencia de embargo ordenada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, derivada de un juicio presentado por 50 trabajadores despedidos injustificadamente, debido a acciones cometidas por funcionarios de la administración del entonces alcalde Mauricio [apellido no especificado]”, explicó Víctor Rosales, abogado de los demandantes.
El abogado también confirmó que quedó formalmente embargada la partida presupuestal destinada al pago de sentencias judiciales, así como la cuenta bancaria asociada.
Por su parte, el presidente municipal, Humberto Hernández Martínez, reconoció que el gobierno actual no cuenta con los recursos suficientes para cubrir el adeudo, señalando que estos compromisos debieron ser solventados por la administración pasada, que fue notificada de la sentencia desde junio de este año. Hernández Martínez aseguró que se buscará obtener solvencia económica en 2025 para saldar el adeudo con los trabajadores.
Este embargo representa un duro golpe para las finanzas municipales y evidencia las consecuencias legales y administrativas de las decisiones tomadas por gestiones anteriores.
