La relación diplomática entre México y Perú ha alcanzado un punto crítico tras el reciente asilo concedido por la embajada mexicana a la ex primera ministra Betssy Chávez, un hecho que ha sido calificado como una violación de las normas diplomáticas por el Gobierno peruano. Este desenlace sigue a un prolongado periodo de tensiones que comenzó con la detención del entonces presidente Pedro Castillo en 2022 tras un intento fallido de disolver el Congreso.
Desde principios de 2023, las comunicaciones diplomáticas entre ambos países se limitaban a los encargados de negocios, dado que no había embajadores designados. Las relaciones ahora se reducirán al nivel consular, destinado a la asistencia de ciudadanos en el territorio del otro país.
La cronología de este conflicto diplomático se remonta al 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo fue arrestado al intentar refugiarse en la embajada mexicana tras su intento de disolver el Congreso. Posteriormente, México otorgó asilo a la familia de Castillo, lo que motivó la expulsión del embajador mexicano en Perú.
En 2023, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador manifestó su desacuerdo con el gobierno de Dina Boluarte, sucesora de Castillo, y llegó a negar la entrega de la presidencia rotatoria de la Alianza del Pacífico a Perú, alegando falta de reconocimiento de la legitimidad del nuevo gobierno. La serie de declaraciones y decisiones unilaterales fueron escalando las tensiones, incluyendo la exigencia de visados para peruanos que deseen viajar a México, medida que Perú planeó replicar.
Con el reciente asilo a Chávez y la subsiguiente ruptura de relaciones diplomáticas, el conflicto ha comprometido aún más la colaboración entrante y ha puesto de relieve la polarización política en la región. Las repercusiones de este distanciamiento se harán evidentes en los ámbitos social, económico y político, tanto en México como en Perú, y podría alterar la dinámica de la Alianza del Pacífico y otras organizaciones regionales.
