Guanajuato, Gto., 18 de diciembre de 2024.- El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato exhortó a la titular del Ejecutivo estatal para que, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Paz, además de establecer las sanciones que correspondan por los hechos ocurridos en la ciudad de Celaya, Guanajuato, fortalezca los programas de educación en materia de derechos humanos para prevenir abusos policiales contra la población.
En el mismo sentido, se pide a los 46 ayuntamientos del Estado para que, a través de sus secretarías de Seguridad Pública o direcciones de Seguridad Pública y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado para que capaciten a las instituciones de seguridad pública estatal y municipales.
El punto de acuerdo de obvia resolución tiene su origen en una propuesta realizada por el grupo parlamentario del Partido MORENA.
Al hacer uso de la voz, la diputada Martha Edith Moreno Valencia destacó que contar con un sistema de seguridad que pueda atender de manera integral las demandas sociales, incluye también contar con un cuerpo policiaco capacitado para actuar de manera profesional y con un enfoque basado en el respeto de los derechos humanos.
“La realidad en Guanajuato dista mucho de cumplir con estas expectativas. La percepción de la ciudadanía sobre la policía es, en general, negativa, ya que muchos la asocian con el abuso de poder, la corrupción persistente y una evidente desconexión con las estrategias de prevención y atención de la violencia. Esta brecha entre lo que esperan los guanajuatenses y lo que realmente experimentan, refleja una crisis de confianza en las instituciones de seguridad pública”, dijo.
La congresista refirió que el pasado 14 de diciembre circuló un video en redes sociales donde presuntamente un grupo de policías en el municipio de Celaya humillan y golpean a un par de jóvenes que se encontraban detenidos, llegando incluso al extremo de amenazarlos de muerte si no obedecían las órdenes.
Moreno Valencia externó que derivado de los sucesos, los policías involucrados ya no laboran más en ese municipio, y aunque el video es de 2020, el gobierno de Guanajuato debe tomar medidas firmes frente a la impunidad en casos de abuso policial, ya que es necesario que se adopten medidas de no repetición, a través del fortalecimiento de programas de educación en materia de derechos humanos.
“Este lamentable hecho pone en evidencia la urgencia de tomar medidas firmes frente a la impunidad en casos de abuso policial y violaciones de derechos humanos. Elementos de seguridad con antecedentes cuestionables no deberían ser premiados con cargos de alta responsabilidad y al servicio de la ciudadanía”, finalizó.
Al hablar a favor de la obvia resolución, la diputada María Eugenia García Oliveros externó que los altos índices de inseguridad y violencia, así como el abuso de la fuerza pública y las constantes violaciones a los derechos humanos hace necesario replantear la función policial con una perspectiva basada en el respeto a los derechos y una nueva concepción de la ética pública.
La congresista agregó que tiene una gran importancia el combate a la corrupción y los abusos de poder para transformar la vida pública del estado, estando en contra de cualquier mensaje y acciones contrarias al compromiso de la justicia y derechos humanos por lo que es necesario que se adopten medidas para que no se repitan incidentes como el ocurrido con los policías de Celaya.
La obvia resolución fue aprobada por unanimidad de votos.
Al hablar a favor de la propuesta, el congresista Jorge Arturo Espadas Galván señaló que coincidía con lo expresado por la diputada Martha Edith Moreno Valencia e instó a sus homólogos a que se sumarán, además de agradecer la apertura al diálogo de la legislatura para construir y buscar lo que es importante, el interés de Guanajuato.
En ese sentido, indicó que era importante que también se exhortara a los 46 ayuntamientos que tienen corporaciones municipales, ya que sus policías tienen que ser capacitados y deben ser involucrados en ese esquema. De igual manera, argumentó que era indispensable la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos para la capacitación, porque lo importante no era que se sancione, sino que no se dé el hecho.
Su propuesta fue avalada, al igual que el punto de acuerdo.
