El presidente destituido de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, y su exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, han sido condenados a 30 años de prisión por ordenar vuelos de drones sobre Pyongyang en 2024. Esta acción buscó elevar las tensiones con Corea del Norte y justificar la declaración de la ley marcial en territorio surcoreano.
El Tribunal del Distrito Central de Seúl determinó que ambos líderes fueron culpables de ayudar a un enemigo y de abuso de poder. Se concluyó que sus acciones tenían como objetivo provocar represalias de Corea del Norte para crear una emergencia nacional.
La sentencia resalta cómo estas decisiones perjudicaron los intereses militares de Seúl, exponiendo sus capacidades y debilitando su operatividad futura. Tras el fallo, los abogados de Yoon anunciaron su intención de apelar la decisión.
El tribunal ya había sentenciado anteriormente a Yoon a cadena perpetua por rebelión, tras la declaración de la ley marcial en diciembre de 2024. Durante ese periodo, Corea del Norte acusó a Seúl de realizar vuelos de drones para lanzar propaganda, lo que incrementó las tensiones entre ambos países, aunque no se produjeron enfrentamientos militares.
La defensa argumentó que los vuelos de drones fueron en respuesta a provocaciones del gobierno norcoreano. Investigadores del caso habían pedido penas severas, acusando a Yoon de intentar crear un conflicto bélico entre las dos Coreas y de consolidar su poder de manera autoritaria.
Yoon declaró la ley marcial en un contexto de enfrentamientos políticos, alertando sobre legisladores que él consideraba opositores de Estado. Esta situación concluyó rápidamente tras una votación en la Asamblea Nacional que revocó la medida.
Desde su destitución, ocurrida en julio de 2025, varios juicios penales siguen en proceso, incluido un recurso en curso sobre el caso de rebelión, que podría haber llevado a la pena de muerte.
