En México, la familia del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas afirmó que buscará justicia por su muerte durante el festival Ceremonia, en un caso que también costó la vida a la reportera visual Berenice Giles. La exigencia se mantiene a semanas de que se cumpla un año del incidente y tiene repercusión local por la seguridad de trabajadores en eventos masivos.
Abogados de los familiares difundieron un comunicado en el que denuncian una presunta estrategia empresarial destinada a frenar el proceso penal contra la organización del festival, señalada por las muertes de los comunicadores. Según el escrito, la actuación de esas empresas ha retrasado que el caso se someta ante un juez.
El documento indica además que un asesor jurídico de la familia de Berenice Giles, quien es servidor público, habría actuado en paralelo con la defensa de la empresa y solicitó no ser imputado, lo que la familia interpreta como un obstáculo adicional al avance del expediente. La familia calificó esos movimientos como una muestra de la influencia de poderes económicos en el caso.
Los abogados señalaron que 15 amparos promovidos por Operadora Eclectic han impedido la celebración de la audiencia inicial y la imputación formal, lo que ha prolongado la resolución judicial. Ese retraso motivó que los familiares y colectivos impulsaran acciones públicas para visibilizar el caso.
Entre las respuestas a los hechos, se promovió una iniciativa ciudadana para crear una ley que proteja el trabajo periodístico a nivel nacional, propuesta que los promotores vinculan «en memoria de Miguel y Berenice». La medida busca establecer mecanismos de prevención y responsabilidad en eventos masivos.
La familia subrayó que su objetivo no es obtener una indemnización, sino lograr justicia y cambios estructurales que eviten que trabajadores o asistentes pierdan la vida por negligencia empresarial en espectáculos públicos. La petición incluye llevar ante la justicia a quienes consideren responsables y reformar normas para proteger a quienes cubren estos eventos.
