Un análisis reciente plantea el llamado del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) al gobierno federal para que cumpla con sus compromisos en la lucha contra la corrupción y la impunidad. La directora del área de sociedad del IMCO subraya que estos temas son fundamentales para el desarrollo del país y que los ciudadanos deben ser parte activa en la exigencia de rendición de cuentas.
Argumenta que la violencia, la extorsión y la impunidad son datos objetivos que afectan a la sociedad, y que los gobiernos deben ser evaluados con base en su capacidad para transformar esta realidad. En este sentido, enfatiza la importancia de un diálogo efectivo entre los diferentes niveles de gobierno y la inclusión de la sociedad civil, la academia y el sector empresarial en la creación de políticas públicas.
Recientemente, se ha constituido el Consorcio por la Medición y la Evidencia, una agrupación que reúne a varias organizaciones civiles en respuesta a la eliminación del Coneval, con el objetivo de revisar la medición de la pobreza en el país. Aunque se reconoce que ha habido avances en la disminución de los índices de pobreza durante el último sexenio, se señala una persistencia de prácticas asistenciales que limita efectos duraderos.
Finalmente, la especialista enfatiza la necesidad de defender la institucionalidad democrática, recordando el arduo proceso que llevó a la consolidación de la democracia en México. Aboga por un mayor compromiso cívico para evaluar la efectividad de la administración pública y seguir de cerca las acciones de los políticos.
