La Fiscalía General de la República anunció al Senado un mapeo para identificar zonas de riesgo y patrones delictivos, una medida que busca apoyar a autoridades locales en la prevención y persecución de delitos y en la localización de fosas clandestinas, rutas y domicilios de grupos criminales.
La FGR, encabezada por Ernestina Godoy, presentó su informe de labores al Senado y explicó que el análisis de contexto sirve para examinar las circunstancias sociales, políticas, económicas y criminales que rodean un delito.
El anuncio se da en el contexto de detenciones y casos que involucran a servidores públicos y presuntos vínculos con organizaciones criminales, entre ellos la aprehensión del alcalde de Tequila, Jalisco, vinculado a secuestros y extorsiones presuntamente en complicidad con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Asimismo, la fiscalía tiene abiertas investigaciones por contrabando fiscal de hidrocarburos en las que se señala la participación de los hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna, oficiales de la Marina y familiares del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.
La dependencia informó que recibió 139 solicitudes de agentes del Ministerio Público para realizar análisis de contexto, de las cuales mantiene pendientes 109 respuestas; detalló que el proceso incluye recopilación de datos, revisión de informes previos, testimonios, declaraciones y bases de datos.
Explicó que el mapeo permite vincular actores, identificar zonas críticas y concluir estrategias basadas en patrones y riesgos, además de elaborar mapas para la interpretación de sábanas de llamadas telefónicas y la ubicación de fosas clandestinas, rutas y domicilios relacionados con actividades delictivas.
La Fiscalía señaló que utiliza fuentes oficiales como Plataforma México, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Detenciones, y que complementa sus productos de inteligencia con fuentes abiertas en redes sociales y plataformas internacionales para perseguir delitos como desaparición de personas, delitos contra migrantes, tortura y ataques a la libertad de expresión.
Según el informe, la visualización de patrones y puntos críticos facilita al Ministerio Público el análisis de tendencias delictivas y la identificación de posibles conexiones entre delitos, presuntos responsables y motivos.
