Juan Miguel Alcántara Soria
El presidente López Obrador ha insistido en que el 1º de septiembre enviará al Congreso de la Unión su iniciativa de “Ley preferente”, para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, y deje su carácter civil. Cuenta allá con su mayoría para aprobarla. Sabe que la Suprema Corte de Justicia la declarará anticonstitucional, pero él dice: “yo ya cumplí”. Las Fuerzas Armadas han sido usadas, en el pasado y en el presente, para tareas que la Constitución no permite realicen. Dice el Art. 129 constitucional: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar…”. Claramente limita el funcionamiento, y la ubicación física de las Fuerzas Armadas, en la que la disciplina se instituye para lograr la “cohesión y mantenimiento del orden”. Las funciones de seguridad ciudadana están expresamente reservadas a entidades civiles. Dice el Art. 21: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional…”.
En el pasado se usaron para contener al narcotráfico. Primero, por exigencias externas, luego internas. Díaz Ordaz, ante presiones del presidente Johnson, usó al ejército desde 1966, en la “Operación Intercepción”, para eliminar cultivos de marihuana, amapola y opio, en Chihuahua, Sinaloa y Durango. Luego para reprimir estudiantes, en vísperas de las Olimpíadas del 68, y cuidar las calles. El presidente Nixon al declarar la “Guerra a las Drogas”, presionó a Luis Echeverría para realizar trabajo conjunto entre el Ejército mexicano y la DEA. Vino la “Operación Cóndor”, al mando del General Hernández Toledo (colaboró Alejandro Gertz Manero, actual fiscal de la República); con indiscriminada fumigación de plantaciones de narcóticos que afectó la producción agrícola y salud de habitantes de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Colima Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y provocó entre 10 mil y 35 mil desplazados. Operación que se conjuntó con campaña antiguerrillera, militarizando regiones productoras de narcóticos, reprimiendo movimientos sociales; patrullando calles, ciudades y carreteras en estos estados; y eliminando a capos menores la Dirección Federal de Seguridad, dependiente del Secretario de Gobernación -Manuel Bartlett, en el gobierno De la Madrid-. El presidente Zedillo constató escalamiento de poder de los cárteles, al incursionar en política, financiar campañas de alcaldes, exigir cargos de tesorero, obras públicas y seguridad, en municipios controlados. Nombró como “zar antidrogas” al General Gutiérrez Rebollo, quien terminó sentenciado al corromperle la mafiocracia.
Felipe Calderón resolvió hacer la “Guerra a las Drogas” ya no por presión externa, sino por el amplio dominio territorial del crimen organizado, que arrebataba -y arrebata aún más hoy- al Estado el monopolio del uso de la fuerza. Inició a petición del entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel (hoy particular de López Obrador), a la que siguieron las de gobernadores de otras entidades federativas. No alcanzó a fortalecer policías estatales y municipales suficientes para regresar a los militares a los cuarteles como se había propuesto.
López Obrador traiciona. No solo no regresará a los militares a sus cuarteles. Por el contrario, les ha asignado cientos de tareas que no tienen conexión con la disciplina militar. Y olvidó el Modelo de Policía de Proximidad, con los fondos respectivos, para fortalecer las capacidades locales. Y ahora, desesperado por informes del gobierno y congreso de Estados Unidos que describen predominancia de las mafias de Sinaloa y Jalisco, las redes de corrupción del gobierno mexicano, que se encamina a ser el más violento en la historia de México. El gobierno de Biden no ha dicho hay terrorismo en México porque entonces no recibiríamos ninguna ayuda oficial; pero negocia un nuevo acuerdo sobre seguridad que obliga a extraditar más criminales. Es la presión externa, no exigencias internas, lo que nos deletrea. ¿Hasta cuándo?
