En la región causó conmoción el descarrilamiento del Tren Interoceánico a la altura de la comunidad de Nizanda, que dejó 13 personas muertas y más de 100 heridas, y reavivó preguntas sobre la procedencia y el acondicionamiento del material rodante utilizado en la obra. El accidente ocurrió en una línea que conecta localidades de Veracruz y Oaxaca y tiene impacto directo en las comunidades servidas por el servicio.
Investigaciones periodísticas y registros oficiales ponen bajo escrutinio la compra de vagones y locomotoras de procedencia local y extranjera destinados al proyecto. La Secretaría de Marina adquirió al gobierno de Puebla los vagones del Tren Turístico que operó entre la capital y Cholula, por 198 millones de pesos según un avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Esos primeros vagones, adquiridos originalmente por la administración estatal anterior, arribaron al puerto de Coatzacoalcos para su integración al proyecto. Meses antes de la puesta en marcha del servicio, una embarcación procedente del Reino Unido descargó tres locomotoras y 11 vagones en el mismo puerto.
Las unidades llegadas de Gran Bretaña corresponderían a material rodante Clase 43, fabricado entre 1976 y 1981 y retirado en el marco de un proceso de modernización del operador británico. Cada locomotora pesa alrededor de 70 toneladas y cada vagón unos 38; según autoridades, las máquinas recibieron motores nuevos y fueron adaptadas a estándares locales.
El gobierno federal no ha hecho público el número total de locomotoras, vagones ni equipo usado adquirido para el Tren Interoceánico, lo que ha generado solicitudes de información y cuestionamientos sobre la transparencia en la contratación y rehabilitación del material. El megaproyecto incluye tres líneas, entre ellas la denominada Línea Z que articula Coatzacoalcos con Salina Cruz.
Las autoridades señalaron que el “pulser ferroviario”, un dispositivo análogo a la caja negra aeronáutica, está bajo custodia de la Fiscalía General de la República y será analizado junto con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para determinar las causas del siniestro. Las indagatorias buscan precisar responsabilidades técnicas y administrativas relacionadas con el descarrilamiento.
