La Alarmante Impunidad en México
Un informe de la ONG México Evalúa señala que más del 93% de los delitos denunciados en el país quedan sin resolver. Esta situación se vuelve más crítica en un contexto de debate sobre la elección de jueces programada para 2025. Los defensores de la reforma judicial aseguran que su implementación ayudará a disminuir la impunidad. Sin embargo, el informe enfatiza que se han pasado por alto las verdaderas causas y condiciones que alimentan este problema.
Datos Clave del Informe
De acuerdo con el estudio «Hallazgos 2023: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal», presentado en la Ciudad de México, el 93.6% de los delitos investigados en 2022 no tuvieron consecuencias legales. Los estados más afectados incluyen Oaxaca (99.9%), Jalisco (99.1%) y Colima (97.5%). Entre los delitos con mayor impunidad se encuentran la desaparición forzada (99.5%), extorsión (98.3%), fraude (97.2%) y homicidio doloso (96.8%).
Deficiencias del Sistema Judicial
El informe también resalta que la carga excesiva en fiscalías y juzgados provoca errores procesales y defensas inadecuadas, lo que pone en riesgo el debido proceso. En 2023, cada fiscal tuvo que gestionar un promedio de 310 casos, lo que representa un aumento del 71% respecto a los 181 casos del año anterior. Por su parte, los jueces en materia penal atendieron en promedio 356 causas, frente a las 335 del año anterior.
Críticas a la Reforma Judicial
En medio de la controversia sobre la elección de jueces en 2025, México Evalúa destaca que la reforma judicial no aborda las raíces de la impunidad. La ONG advierte que la participación de la Guardia Nacional en las investigaciones podría distorsionar el sistema de justicia penal, dado que su enfoque militar carece de la capacitación necesaria en derechos humanos y seguridad ciudadana.
Llamado a Mejorar las Capacidades Judiciales
Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, señala que solo el 3.6% de las carpetas de investigación llegan a un juez. Este bajo porcentaje se debe a la insuficiente capacidad de investigación de las fiscalías. Mariana Campos, directora general de la ONG, enfatiza que fortalecer las instituciones judiciales requiere personal capacitado y una adecuada distribución de recursos, enfocados en la sostenibilidad y los resultados.
Reflexiones Finales
Entre otros hallazgos, se destaca que los procesos penales más ágiles se resolvieron mediante acuerdos reparatorios, con un promedio de 214 días, mientras que los juicios orales son notablemente más lentos, alcanzando hasta 553 días. Estos datos ponen en duda la promesa de una justicia rápida y efectiva con la próxima elección de jueces, magistrados y ministros en junio de 2025.
