San José de Iturbide, Guanajuato, 22 de septiembre de 2026. La presencia de una terminal de almacenamiento de la empresa Gas Natural del Noroeste en la comunidad de La Fragua provocó un conflicto institucional y el bloqueo, durante varias horas, de la Carretera Federal 57. Habitantes de ocho localidades exigieron la clausura y el retiro definitivo de la planta, al considerar que representa un riesgo inminente para la población y para planteles educativos ubicados en las inmediaciones.
La movilización derivó en una mesa de diálogo encabezada por el presidente municipal, Edgar Manuel Montes de la Vega, quien reconoció que el complejo opera con dictámenes vigentes emitidos por autoridades federales, estatales y administraciones municipales anteriores. Esta condición impide al gobierno local ordenar una clausura inmediata sin sustento legal, pese a la presión de las comunidades inconformes.
Durante el encuentro, el alcalde intentó deslindar a su administración de la instalación de la terminal y señaló que las licencias otorgadas entre 2012 y 2018 estuvieron relacionadas con presuntos actos de corrupción en los tres niveles de gobierno. No obstante, aclaró que su obligación actual es cumplir y hacer cumplir la ley, por lo que únicamente ofreció sumarse a la búsqueda del retiro de la empresa, sin garantizar que dicha exigencia pueda concretarse.
¿Qué solicitaron las comunidades y cuál es la respuesta de la empresa?
El pliego petitorio presentado por los habitantes demanda inspecciones inmediatas de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), así como la actualización de los dictámenes de impacto ambiental. También solicita la instalación de sistemas de alerta sonora y establece que la planta debe ser clausurada de manera definitiva si se detectan anomalías en su operación.
La representación legal de Gas Natural del Noroeste sostuvo que la terminal cumple con las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la contención y detección de vapores. Como medida para reducir la preocupación social, ofreció organizar simulacros y capacitaciones en materia de protección civil. Sin embargo, la propuesta no logró satisfacer a la totalidad de los pobladores, quienes mantienen su exigencia de revisar a fondo las condiciones de seguridad del complejo.
- Qué ocurrió: Habitantes de ocho localidades bloquearon la Carretera Federal 57 y exigieron retirar la terminal de La Fragua.
- Impacto o alcance: La inconformidad involucra a comunidades cercanas y plantea preocupaciones por la seguridad de la población y planteles educativos.
- Qué sigue: Se plantearon inspecciones de ASEA, nuevos dictámenes ambientales, sistemas de alerta y una posible clausura si se confirman irregularidades.
La situación permanece en una etapa de diálogo y revisión institucional. Mientras el municipio reconoce la existencia de permisos y dictámenes vigentes, las comunidades buscan nuevas inspecciones y medidas preventivas. La empresa, por su parte, ofreció simulacros y capacitaciones, en tanto que cualquier determinación sobre la continuidad o clausura de la planta dependerá de las evaluaciones oficiales y del cumplimiento de la normativa aplicable.
