El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Aguascalientes, Emanuelle Sánchez Nájera, pidió no escandalizarse por las resoluciones mediante las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha cuestionado disposiciones aprobadas por el Poder Legislativo local. Sostuvo que estos fallos forman parte del funcionamiento de la división de poderes y que, cuando la Corte determina que una norma no es correcta, está facultada para corregirla.
El diputado perredista señaló que la SCJN ejerce esa atribución no sólo frente al Congreso de Aguascalientes, sino también ante las Legislaturas de los demás estados y el propio Congreso de la Unión. Desde su perspectiva, que un órgano revise las decisiones de otro representa un síntoma de que la división de poderes funciona, aunque consideró deseable que ese equilibrio se reflejara en más asuntos.
Sánchez Nájera también fue cuestionado sobre si el Congreso local puede decidir qué resoluciones de la Suprema Corte acata y cuáles no. Su respuesta fue que no existe esa posibilidad: cuando el máximo tribunal del país mandate u ordene alguna acción, el Poder Legislativo está obligado a cumplirla.
¿Qué ocurre con la despenalización del aborto en Aguascalientes?
Uno de los asuntos pendientes es la regulación de la interrupción legal del embarazo. El Congreso del Estado aprobó inicialmente permitirla hasta las 12 semanas de gestación; posteriormente, intentó reducir ese límite a seis semanas. Esta modificación fue impugnada por colectivos feministas y organizaciones pro aborto, por lo que el tema permanece en pausa dentro de la agenda del Poder Judicial.
El presidente de la Mesa Directiva indicó que el Congreso estatal se mantiene a la expectativa de la resolución de la Suprema Corte, que todavía no concluye su pronunciamiento sobre el caso. A título personal, expresó su desacuerdo con reducir el plazo para la interrupción legal del embarazo y recordó que votó en contra de esa medida.
Mientras la SCJN no emita una determinación definitiva sobre este tema, el Congreso local no estaría obligado a realizar una nueva modificación. Sin embargo, Sánchez Nájera subrayó que, si la Corte resuelve en cualquier sentido, el Legislativo deberá acatar lo que establezca.
- Qué ocurrió: La SCJN ha invalidado o cuestionado disposiciones aprobadas por el Congreso de Aguascalientes, según el legislador.
- Impacto o alcance: La controversia incluye la interrupción legal del embarazo, cuyo límite pasó de 12 a seis semanas y fue impugnado.
- Qué sigue: El Congreso espera el pronunciamiento de la Suprema Corte para determinar si debe modificar nuevamente la legislación.
El caso permanece sin resolución definitiva y bajo análisis del Poder Judicial. La siguiente etapa dependerá del fallo de la SCJN, cuya determinación marcará las obligaciones del Congreso estatal respecto a la norma impugnada.
