La relatora de la ONU para Irán, Mai Sato, informó que al menos 7.000 personas murieron en la represión de las protestas de diciembre y enero, una cifra que considera conservadora y que, con víctimas aún no identificadas, podría elevarse hasta 17.000, dato que podría tener repercusiones en la política exterior y en las comunidades iraníes residentes en el país.
Sato explicó que la estimación de más de 7.000 se basa en verificaciones rigurosas y que una organización documentadora señala otras 10.000 posibles víctimas sin identificar. También dijo haber oído referencias a cifras de hasta 40.000, pero sin documentación que las respalde.
La relatora contrastó esas cifras con las oficiales del Gobierno iraní, que hablan de unos 3.000 fallecidos, y señaló que las autoridades suelen atribuir muchas muertes a “terroristas, mercenarios o manifestantes violentos”, una narrativa que minimiza la magnitud de la represión.
En relación con los ataques de Estados Unidos e Israel, Sato afirmó que son ilegales según el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, aunque matizó que la situación sigue evolucionando y que aún es pronto para determinar si alcanzan o no la categorización de crímenes de guerra.
Añadió que, pese a esa cautela, hay ya numerosos civiles muertos y daños a hospitales, escuelas e infraestructuras, hechos sobre los que anunció que ofrecerá más detalles en su próximo informe.
La relatora subrayó que la ilegalidad de los ataques no borra los graves problemas de derechos humanos en Irán; rechazó vincular esos informes de abusos con una supuesta justificación de la agresión y insistió en que no es necesario elegir entre condenar los ataques o reconocer las violaciones.
Sato advirtió además que el conflicto probablemente está exacerbando la represión dentro de Irán y advirtió que, si concluye con una República Islámica debilitada, podría desencadenarse una nueva ola de represión, como ya ocurrió tras la llamada guerra de los 12 días.
