El pleno de la Knéset inició el debate final de una ley que permitiría aplicar la pena de muerte a personas acusadas de «terrorismo», una norma que, según organizaciones y expertos en derechos humanos, tendría un impacto directo sobre la población palestina en Cisjordania y afectaría la dinámica de la ocupación.
El proyecto había superado una primera lectura y fue negociado en comisión parlamentaria antes de llegar al pleno, donde los diputados comenzaron a debatir las últimas determinaciones y preparan la votación de las lecturas finales.
La iniciativa fue promovida por el partido Poder Judío, liderado por Itamar Ben Gvir, y su impulso parlamentario ha generado controversia en el arco político nacional y entre observadores internacionales.
Ministros de Exteriores de varios países europeos rechazaron el proyecto y organismos internacionales como la ONU y el Consejo de Europa han criticado la propuesta por sus posibles implicaciones en materia de derechos humanos.
El debate parlamentario llega tras la aprobación del presupuesto general con concesiones a partidos ultraortodoxos que forman parte de la coalición del primer ministro, lo que refleja las tensiones internas que atraviesa el Ejecutivo.
Según el centro legal palestino Adalah, el texto negociado en comisión establece una aplicación diferenciada: los palestinos en Cisjordania quedarían sometidos a la ley militar israelí, mientras que los ciudadanos israelíes, incluidos los colonos, seguirían la jurisdicción penal civil.
En el ámbito militar, la corte marcial debería imponer la pena de muerte de forma obligatoria —con excepciones poco definidas— a quienes sean acusados de asesinato calificado como acto de terrorismo, según el esquema propuesto.
En la práctica administrativa se utiliza la calificación de «terrorista» para referirse a palestinos que atacan a fuerzas militares o a colonos en Cisjordania, así como a quienes perpetran atentados en territorio israelí, lo que incrementa las preocupaciones sobre su aplicación desigual.
Si el asesinato es cometido por un colono en territorio israelí o en Cisjordania, el tribunal penal civil necesitaría además que el hecho persiga negar la existencia del Estado de Israel para poder imponer la pena capital, una condición que podría limitar su aplicación entre judíos israelíes.
El procedimiento legislativo prevé que las segundas y terceras lecturas se voten de forma consecutiva; si la propuesta obtiene más votos a favor que en contra en esa votación conjunta, quedaría aprobada independientemente del número de parlamentarios presentes.
El borrador discutido en comisión contempla que la ejecución se realice por ahorcamiento dentro de los 90 días siguientes a la sentencia firme y dispone el anonimato de las personas encargadas de llevar a cabo la pena.
