En México, jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitaron a los legisladores actuar con sensibilidad y responsabilidad histórica en la discusión de las leyes secundarias de la reforma de pensiones, advirtiendo riesgos para los beneficiarios locales del sistema de retiro.
En un pronunciamiento público las asociaciones de jubiladas y jubilados de confianza señalaron posibles efectos de retroactividad, pérdida de certeza jurídica y vulneración de datos personales si se aplican cambios que afecten derechos ya adquiridos.
Sostienen que cualquier transformación debe ampliar derechos y no generar precedentes que los debiliten, y que modificar condiciones de retiro ya otorgadas equivaldría a afectar “derechos consolidados” en contra del principio de no retroactividad.
Alertaron también sobre la incertidumbre jurídica que causaría que las reglas con las que los trabajadores construyeron su proyecto de vida cambien de manera unilateral una vez concluida su vida laboral.
Las asociaciones advirtieron que permitir ajustes discrecionales en beneficios previamente establecidos rompe el principio de legalidad y deja a las personas en situación de vulnerabilidad frente al poder público: “Hoy somos nosotros, mañana podría ser cualquier otro sector”.
Acusaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de difundir información falsa sobre supuestas “pensiones exorbitantes” e incluir identidades de jubiladas y jubilados, lo que, dijeron, generó desinformación y vulneró principios de protección de datos personales.
El pronunciamiento se enmarca en la aprobación por parte del Congreso de una reforma constitucional que modifica el artículo 127 para fijar un tope en las jubilaciones y pensiones del personal de confianza, aplicable a organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos públicos, con exclusiones previstas para las Fuerzas Armadas y disposiciones sobre aportaciones voluntarias, complementos sindicales y pensión no contributiva.
Entre los transitorios del proyecto figura el ajuste de pensiones ya otorgadas al nuevo tope, uno de los puntos que ha motivado las críticas por su posible efecto retroactivo.
La reforma aún requiere el aval de la mayoría calificada de los congresos estatales para su entrada en vigor y, posteriormente, que los legisladores elaboren las leyes secundarias que regularán su aplicación.
