La Erradicación de la Pobreza en la Ciudad de México: Un Desafío a Largo Plazo
La erradicación de la pobreza en la Ciudad de México podría tomar hasta 62 años, según un reciente informe de una organización no gubernamental que analiza la situación social de la capital. Este objetivo, que está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, podría no ser alcanzado en la metrópoli hasta 2036.
El estudio, titulado "Erradicar la Pobreza. Rutas para un México libre de pobreza en un planeta vivible", señala que aproximadamente el 20% de la población de la Ciudad de México vive en condiciones de pobreza. Desde 2016 hasta 2024, la reducción de la pobreza se situó en un 35%, pero si se mantiene esta tendencia, erradicarla significaría esperar más de seis décadas.
Desglosando más la situación, se estima que la pobreza infantil (niños de 0 a 17 años) tardaría 75 años en ser erradicada, alcanzando el año 2100. Por su parte, la pobreza entre jóvenes de 18 a 29 años podría extenderse hasta 251 años, es decir, hasta el 2276.
A nivel nacional, el panorama es un poco más optimista, con un pronóstico de 57 años para la erradicación total de la pobreza. Sin embargo, el informe también destaca que la situación para jóvenes y niños es preocupante, con estimaciones de 62 y 84 años, respectivamente.
El contexto de esta problemática se enmarca en el compromiso que México asumió en 2015 al adoptar los 17 ODS de la Agenda 2030 de la ONU, siendo el ODS 1 el que busca poner fin a la pobreza en todas sus formas.
El informe también resalta un aumento en las carencias en el acceso a servicios de salud, que se elevó del 20% al 22% entre 2016 y 2024, lo que representa un incremento de aproximadamente 247,000 personas afectadas. Igualmente, se observa un rezago educativo en jóvenes de entre 16 y 21 años, el cual pasó del 20% al 26%.
Con el objetivo de esclarecer los caminos hacia una reducción más efectiva de la pobreza, la ONG propone diez estrategias que involucran la colaboración de diversas instancias, incluyendo gobiernos federal, estatal y municipal, junto con el sector privado y organizaciones civiles. Las principales recomendaciones incluyen el desarrollo de alternativas económicas sustentables y la mejora de la capacidad institucional para garantizar derechos sociales como salud y educación.
Finalmente, se enfatiza que la pobreza no debe ser considerada únicamente como un problema económico, sino como un tema de derechos humanos crítico, que afecta y es afectado por violaciones a estos derechos.
