La Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido, con una mayoría conservadora de 6 a 3, validar la petición de la administración del expresidente Donald Trump para levantar bloqueos en tribunales inferiores que intentaban limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Este fallo representa una victoria significativa para el exmandatario y podría tener repercusiones en diversas demandas contra sus políticas, especialmente en el ámbito migratorio.
La resolución no aborda los méritos del decreto que busca restringir la ciudadanía automática contemplada en la Constitución, negando este derecho a los hijos de padres indocumentados o con visas temporales. En cambio, se centra en la jurisdicción de los tribunales menores y su capacidad para bloquear órdenes del Ejecutivo a nivel nacional.
La decisión evalúa bloqueos temporales implementados por jueces federales de Maryland, Washington y Massachusetts, quienes concluyeron que el presidente carece de autoridad para modificar o restringir la Constitución. La jueza conservadora Amy Coney Barrett, en su voto, apuntó que «los tribunales federales no ejercen supervisión general sobre el poder ejecutivo», enfatizando que su función es resolver casos y controversias conforme a la autoridad delegada por el Congreso.
El fallo establece que la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento, cuya implementación está actualmente suspendida, no entrará en vigor hasta 30 días después de la fecha de esta opinión. Expertos advierten que este período podría permitir a los demandantes considerar acciones colectivas en lugar de individuales para impugnar la orden.
Se estima que alrededor de 255,000 recién nacidos al año podrían verse afectados por estas limitaciones, según un análisis del Migration Policy Institute. Críticos de la administración Trump y defensores de los derechos constitucionales han manifestado que este principio, consagrado en la Enmienda 14, no puede ser anulado por una orden presidencial.
La jueza Sonia Sotomayor expresó su desacuerdo de manera inusual desde el estrado, advirtiendo que «el Estado de derecho no se da por sentado» y que la Corte renuncia a su rol esencial en la defensa de este principio. Asimismo, la jueza Ketanji Brown Jackson subrayó que el fallo permitirá al Ejecutivo violar derechos constitucionales no solo de los demandantes, sino de todas las personas afectadas, describiéndolo como una «amenaza existencial» para el Estado de derecho en Estados Unidos.
El intento de restringir la ciudadanía automática para los hijos de migrantes indocumentados fue una de las promesas centrales de campaña de Trump, quien asumió nuevamente el cargo el 20 de enero, reforzando una política migratoria de carácter riguroso. La orden fue firmada coincidiendo con su segundo mandato.
