Durante la reciente sesión pública del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se registró un intercambio tenso de puntos de vista entre los ministros María Estela Ríos González y Giovanni Figueroa Mejía. El debate se centró en la constitucionalidad de la solicitud de intervención de comunicaciones privadas y geolocalización en tiempo real por parte de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción de Quintana Roo.
El ministro Figueroa Mejía expresó que considera «absurdo» que cualquier autoridad pueda solicitar tal información. Señaló que la discusión no radica en quién debe hacer la solicitud, sino en la necesidad de que esta se centralice. Afirmó que un argumento que lleve al «absurdo» permitiría a cualquier autoridad solicitar la intervención, lo que, a su juicio, socavaría el proceso jurídico al dejar la decisión final en manos de un juez.
En respuesta, la ministra Ríos González defendió su postura, rechazando la caracterización de «absurdo» aplicada a sus razonamientos. La exconsejera jurídica del expresidente Andrés Manuel López Obrador subrayó su desacuerdo con los comentarios del ministro Figueroa, reafirmando que sus argumentos eran sólidos y no merecían tal calificativo.
Figueroa Mejía intentó aclarar que su uso de la frase «argumento al absurdo» era una técnica argumentativa y no una crítica personal hacia ningún miembro del pleno. Sin embargo, Ríos González continuó en su defensa, insistiendo en que no estaba argumentando de manera absurda.
Este intercambio acalorado se produjo justo antes de la votación sobre la constitucionalidad de la facultad de la fiscalía para solicitar la intervención de comunicaciones. En un intento de calmar la situación, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, solicitó que se aceptaran todas las precisiones necesarias para aclarar la argumentación presentada por ambos ministros.
