Ciudad de México, 20 de septiembre de 2024.– Desde que la reforma al Poder Judicial llegó al Congreso de la Unión, tras ser anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha enfrentado una serie de desafíos legales. Varios jueces han ordenado detener su promulgación o han declarado su improcedencia debido a los cambios propuestos, como la votación de ministros y magistrados del Poder Judicial.
Los legisladores de Morena han defendido vehementemente la reforma judicial, calificando de improcedentes los fallos en su contra. Sin embargo, hace una década adoptaron una posición diferente al recurrir a la Suprema Corte para detener una reforma.
Pero hace 10 años, en 2014, Ernestina Godoy, Manuel Bartlett, David Monreal, Layda Sansores y Adán Augusto López, entonces legisladores del Partido del Trabajo, promovieron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir la reforma energética aprobada por la mayoría priista. Argumentaron que dicha reforma había sido aprobada con violaciones procedimentales y que debía ser anulada.
En su petición de amparo, cuestionaron la constitucionalidad del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia de reclamar reformas y adiciones constitucionales. Advirtieron sobre los riesgos de aprobar cambios constitucionales sin adecuado control, afirmando que podría afectar el Estado Constitucional.
Respecto a las impugnaciones actuales contra la reforma judicial, Ernestina Godoy, ahora senadora de Morena, declaró el pasado 14 de septiembre que el amparo que detiene la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación es claramente improcedente. Argumentó que «un poder no puede actuar así contra otro poder» y criticó a los jueces que otorgan estos amparos, acusándolos de querer preservar privilegios y opacidad.
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