El gobierno mexicano ha convertido la palabra «bienestar» en una marca omnipresente que abarca desde alimentos hasta hidrocarburos, con promesas de expansión y serias lagunas de transparencia.
Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han bautizado con ese término buena parte de sus programas y productos, intentando dar cohesión a su política social y económica.
Entre los ejemplos más visibles están las lentejas del bienestar y las Farmacias del Bienestar; esta última prometió 500 módulos en el Estado de México que hasta ahora no se han instalado.
Bajo el programa Alimentación para el Bienestar se comercializan leche, café, frijol y miel del bienestar en las Tiendas del Bienestar, buscando integrar producción y distribución pública.
El chocolate del bienestar ha generado polémica: el cacao de pequeños productores es procesado por un tercero por falta de infraestructura local, sin que se haya revelado la empresa contratada; el gobierno anunció la construcción de una planta de procesamiento en Tabasco.
La marca también llega a los combustibles: existen Gasolinas del Bienestar, Gas del Bienestar y gasolineras asociadas al sello; Gas Bienestar, creado para vender cilindros de gas LP, funciona en la Ciudad de México pero usuarios reportan fallas en la entrega.
Gasolinas Bienestar, una filial ligada a Pemex, realiza exportaciones de petróleo y derivados a Cuba por volúmenes significativos, por montos estimados en miles de millones de pesos.
El Banco del Bienestar, con más de tres mil sucursales según el gobierno, opera como canal para el pago de programas sociales, pero ha estado marcado por irregularidades en la construcción y operación de sus unidades.
Programas adicionales incluyen Vivienda para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar y la Megafarmacia del Bienestar, diseñados para atender vivienda, campo y desabasto de medicamentos.
Aún persisten interrogantes claves: no se conocen con claridad las ganancias totales de estas empresas o productos, quiénes las dirigen, el alcance exacto de sus operaciones ni su rentabilidad, lo que plantea dudas sobre supervisión y rendición de cuentas.
