En el estado de Morelos se está promoviendo una iniciativa que pretende imponer penas de hasta ocho años de prisión a quienes difundan contenido generado mediante Inteligencia Artificial (IA) sin el consentimiento de los involucrados, especialmente en casos que vulneren la intimidad sexual.
La propuesta, impulsada por la presidenta de la Comisión de Salud del legislativo local, incorpora sanciones que van desde multas hasta penas de cárcel, las cuales se asignarán de acuerdo con la gravedad del delito y del contenido disseminado.
El decreto correspondiente establece la adición de nuevos párrafos al artículo 150 bis del Código Penal del Estado, los cuales penalizan el uso de la IA para la creación, manipulación y difusión de contenido sexual íntimo sin el expreso consentimiento de la persona afectada. Se centran en la manipulación de imágenes, audios y videos destinados a crear situaciones falsamente verídicas, apuntando a sancionar la difusión a través de diversos medios, incluidos correos electrónicos y redes sociales.
La normativa subraya que las sanciones aplican en ausencia del consentimiento genuino y voluntario de la persona implicada. Además, se aclara que la IA abarca aplicaciones y programas que analizan y alteran fotografías, videos y audios.
La iniciativa se presenta como respuesta al uso creciente de tecnología en la creación y difusión de contenido íntimo, en particular el fenómeno de los «deepfakes», donde se superponen rostros de individuos en material pornográfico. La popularidad de herramientas como ciertas plataformas de creación de deepfakes ha motivado esta acción, que busca proteger la intimidad, dignidad y reputación de las personas frente a usos maliciosos.
Inicialmente, la propuesta contemplaba un agravante de género, permitiendo penas más severas si la víctima era mujer. No obstante, se modificó para evitar violaciones al principio de proporcionalidad, con el fin de no excluir a otras posibles víctimas.
Las sanciones incluyen hasta ocho años de prisión y multas que podrían sobrepasar los 220,000 pesos. Ante la denuncia de las víctimas, la Fiscalía General del Estado será responsable de investigar estos incidentes, con herramientas que permitirán identificar el origen de las publicaciones a través de direcciones IP. La máxima aspiración de la legislatura es garantizar justicia para las víctimas y establecer precedentes legales en el uso indebido de la IA.
