Aprobación de la Ley General de Aguas suscita críticas entre la oposición
En una sesión legislativa reciente, diputados de los partidos Morena, PVEM y Partido del Trabajo aprobaron, con 328 votos a favor, la Ley General de Aguas, que fue rechazada por 131 diputados y recibió cinco abstenciones. La oposición ha calificado esta legislación como un instrumento que favorece el "clientelismo hídrico".
Durante su exposición, la presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, argumentó que la nueva ley “transformará el régimen del agua en México” y asegurará el derecho humano al agua para todos los ciudadanos. Según su declaración, la ley establece un sistema de concesiones más ordenado y transparente, dirigido a frenar el acaparamiento del recurso y combatir la sobreexplotación.
Se destacó la creación del Registro Público Nacional de Agua, que estará accesible al público, como un mecanismo para poner fin a prácticas opacas en la gestión del agua. La diputada aseguró que con la nueva legislación, la transmisión de derechos sobre tierras vinculadas a concesiones no privará a nuevos propietarios de sus derechos sobre el uso del agua.
Desde el grupo parlamentario de Morena, su coordinador hizo un llamado a denunciar prácticas de acaparamiento y monopolización del agua. Afirmó que es inaceptable que algunas comunidades carezcan de acceso al agua potable mientras otros explotan el recurso de manera ilegal.
Por su parte, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) criticó la ley, considerándola un instrumento de control político en lugar de una solución técnica. Explicó que, bajo el pretexto de garantizar el acceso al agua, el gobierno busca concentrar el poder en torno a la gestión del agua, transformando el acceso a este recurso en un permiso que puede ser revocado a discreción gubernamental.
Asimismo, se expresó que la regulación podría criminalizar a los productores agrícolas y favorecer a quienes tienen vínculos con el poder político, protegiendo a los que concentran concesiones en detrimento de los verdaderos productores.
Un representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) destacó las restricciones a la transmisión de derechos de agua, que ahora requerirán autorización de la autoridad, lo que podría dividir la propiedad de la tierra y el agua. Además, expuso que la ley introduce sanciones significativas y establece "delitos hídricos" que podrían afectar la actividad productiva.
Desde el PAN, se denunciaron intenciones de apoderarse del agua, haciendo hincapié en que el partido actualmente en el poder ha estado asociado a prácticas de corrupción en el manejo de otros recursos.
La discusión sobre la Ley General de Aguas pone de relieve las tensiones en el manejo y distribución de un recurso vital en México, lo que promete un prolongado debate en el ámbito legislativo y entre la opinión pública.
