En Sant Pere de Ribes (Barcelona) una joven parapléjica de 25 años recibió la eutanasia en el Hospital Residencia Sant Camil después de una larga y seguida batalla judicial que tuvo repercusión local y generó debate público.
La persona, identificada como Noelia, había litigado contra la pretensión de su padre de impedir la intervención; el colectivo Abogados Cristianos representó al progenitor en los recursos presentados ante los tribunales.
El caso pasó por diversas instancias judiciales en España y, tras agotarse las vías nacionales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó las medidas cautelares solicitadas por el padre, lo que permitió la aplicación del procedimiento autorizado por los servicios sanitarios.
En el tramo final del proceso la joven aceptó una entrevista televisiva en la que afirmó que nunca dudó de su decisión y señaló que quería «irse ya en paz y dejar de sufrir»; sostuvo que la felicidad de sus familiares no podía imponerse sobre la suya.
Su historial clínico refleja paraplejia como consecuencia de un intento de suicidio que le ocasionó graves secuelas y pérdida de autonomía; peritos médicos concluyeron que sus lesiones eran permanentes e irreversibles y que conservaba capacidad para decidir sobre su propia vida.
La cobertura mediática alimentó intensos debates y la difusión de desinformación en redes sociales, con afirmaciones sin base sobre su estado mental y sobre supuestas agresiones atribuidas a inmigrantes; la joven sí relató abusos en su infancia y juventud, pero no identificó a agresores extranjeros.
Fuentes judiciales y sanitarias implicadas en el caso señalaron que la medida se aplicó después de agotar los recursos legales y conforme al marco normativo vigente sobre la muerte digna.
