En Veracruz, un juez retiró la imputación por terrorismo contra el periodista Rafael León Segovia, conocido como «Lafita León», pero mantuvo otras acusaciones y le impuso prisión domiciliaria por un año, según lo informado por organizaciones civiles que siguen el caso.
La organización Propuesta Cívica manifestó su profunda indignación y calificó como una persistente criminalización las actuaciones en su contra, al tiempo que señaló que, pese a la desestimación del cargo por terrorismo, el proceso continúa por presunto encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.
El comunicador fue detenido en Coatzacoalcos durante un operativo en el que participaron policías y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional; la ONG denunció presuntas irregularidades en el procedimiento, incluida la sustracción de efectivo y de un vehículo.
La Fiscalía de Veracruz presentó como elementos de prueba coberturas periodísticas sobre violencia e inseguridad y sostuvo que la rapidez con la que el periodista llegaba a los hechos era un indicio de conocimiento previo de actividades delictivas; el juez determinó que no existía vínculo entre el comunicador y estructuras delictivas para sostener la acusación de terrorismo.
Las autoridades mantienen las imputaciones por encubrimiento y por delitos contra las instituciones de seguridad pública, que incluyen la acusación de recibir supuestos pagos de 30 mil pesos por difundir noticias de asesinatos y publicar mensajes violentos bajo instrucciones de grupos criminales.
Propuesta Cívica exigió el retiro inmediato de los cargos restantes, la reparación de los daños patrimoniales causados durante la detención y una disculpa pública, además de pedir una investigación integral e imparcial sobre posibles actuaciones abusivas y el fortalecimiento de mecanismos de control y supervisión de la Fiscalía estatal.
El caso ha recibido pronunciamientos de organizaciones de libertad de expresión, como Artículo 19, que cuestionó la continuidad del proceso señalando inconsistencias, y la titular del Ejecutivo federal solicitó a la Fiscalía de Veracruz aclaraciones sobre la detención y el uso de la figura de terrorismo. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha dado seguimiento al asunto y ha instado a garantizar el debido proceso frente a lo que organizaciones advierten como una tendencia a la criminalización judicial de la labor periodística.
