En México, expertos de la ONU exigieron «verdad y justicia» sobre el paradero de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, una situación que afecta a comunidades de Colima y Michoacán y a la labor de la sociedad civil en la región.
Los relatores dijeron que ni las autoridades han ofrecido una respuesta efectiva ni la empresa presuntamente involucrada ha colaborado plenamente con las investigaciones y las labores de búsqueda.
Lagunes, abogado de derechos humanos, y Díaz, líder indígena, fueron vistos por última vez en Colima tras asistir a una reunión relacionada con acciones colectivas contra la empresa minera Ternium.
Su desaparición se enmarca en un conflicto por recursos naturales entre la compañía y la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, en Michoacán, zona limítrofe con Colima.
El grupo de expertos advirtió sobre el efecto amedrentador de las desapariciones forzadas, que tienden a silenciar voces críticas y a erosionar la participación comunitaria.
Ambos casos están registrados bajo el procedimiento de Acciones Urgentes del Comité contra las Desapariciones Forzadas, mecanismo que obliga al Estado a buscar, localizar, proteger e investigar a las personas desaparecidas.
También cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha reconocido el riesgo grave, urgente e irreparable que enfrentan los activistas.
Los expertos señalaron que las empresas extractivas con frecuencia han exacerbado divisiones comunitarias e, incluso, han incitado a la violencia entre poblaciones con posturas contrapuestas sobre el uso de la tierra y los recursos.
Apelaron además a la responsabilidad empresarial en la prevención, mitigación y reparación de impactos negativos en derechos humanos, incluyendo la cooperación en casos de desapariciones forzadas.
Finalmente, instaron al gobierno mexicano a proteger a los defensores y a cumplir con sus obligaciones internacionales: investigar la desaparición forzada, realizar una búsqueda activa, determinar la suerte y paradero de los desaparecidos y sancionar penalmente a los responsables.
