La nueva metodología presentada por el gobierno federal para el Registro Nacional de Personas Desaparecidas tiene impacto directo en el conteo de víctimas y en las búsquedas en México, y organizaciones civiles cuestionan su orientación hacia ajustes numéricos más que a la localización efectiva de personas desaparecidas. Especialistas de diversas organizaciones señalaron que los cambios podrían reducir cifras oficiales sin aumentar las acciones para encontrar a las víctimas.
Representantes de Causa en Común, Observatorio Nacional Ciudadano, México Unido Contra la Delincuencia y Consultora Solidaria coincidieron en que la medida carece de medidas verificables y no constituye una renovación sustancial del registro. Desde estas organizaciones se afirmó que la presentación se asemeja más a un reporte reformulado que a una nueva metodología o base de datos robusta.
Angélica Canjura, investigadora de Causa en Común, consideró que la segmentación del registro transmite la idea de que el objetivo es disminuir la cifra oficial en lugar de fortalecer la búsqueda. Señaló además la ausencia de acciones concretas como aumento de personal en comisiones de búsqueda, mayor presupuesto y el fortalecimiento de fiscalías especializadas.
El director del Observatorio Nacional Ciudadano afirmó que el recuento expone fallas acumuladas durante más de una década en los tres niveles de gobierno y en las fiscalías, lo que ha limitado el acceso a la verdad y a la justicia para las familias. Indicó que la falta de carpetas de investigación y las negativas de fiscalías a recibir denuncias son síntomas de un problema estructural del Estado.
Las organizaciones recordaron que existen más de 130 mil personas desaparecidas registradas y que una parte importante de los casos corresponde a los años recientes, situación que acentúa la urgencia de políticas públicas eficaces. También advirtieron sobre el bajo número de desapariciones que cuentan con una carpeta de investigación abierta, lo que confirma debilidades institucionales para documentar, investigar y dar seguimiento a las denuncias.
Desde México Unido Contra la Delincuencia se señaló que las autoridades carecen de capacidades para construir registros estadísticos confiables y para investigar los casos adecuadamente. La organización añadió que la calidad de los registros estadísticos en materia de incidencia delictiva y defunciones violentas aún requiere mejoras sustantivas.
Consultora Solidaria expresó que la presentación del informe responde además a presiones internacionales y criticó la falta de transparencia metodológica en la revisión del registro. Su director señaló la exclusión de datos relevantes, como cuerpos sin identificar y subregistros, y cuestionó que no se hayan cotejado cifras con las fiscalías antes de hacer las afirmaciones públicas.
Las organizaciones demandaron transparencia, conciliación de datos con las fiscalías, apertura de carpetas de investigación y mayor inversión en capacidades institucionales para que los cambios en el registro contribuyan efectivamente a la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
