Los principales partidos de oposición en Taiwán han manifestado su intención de iniciar un proceso de destitución contra el presidente Lai Ching-te, al que acusan de incurrir en prácticas que consideran «antidemocráticas». Este anuncio se produce en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y un Legislativo controlado por la oposición, tras la decisión del gobierno de no refrendar las recientes enmiendas a la ley de reparto fiscal, aprobadas por los partidos opositores en noviembre. Estas modificaciones buscaban incrementar la proporción de ingresos fiscales destinados a los gobiernos locales.
El primer ministro, Cho Jung-tai, ha defendido que estas enmiendas vulneran las competencias del poder ejecutivo y advirtió que su promulgación podría causar «graves perjuicios irreversibles» al desarrollo nacional. El rechazo del Parlamento a la solicitud del gabinete de reconsiderar la reforma, ocurrida el 5 de diciembre, impedirá su promulgación, algo que estaba previsto para antes del 15 de diciembre.
La oposición ha planteado este hecho como una violación del orden constitucional. En una conferencia de prensa, el líder del grupo parlamentario del Kuomintang (KMT) acusó al presidente de concentrar poder y de desatender la opinión pública. Durante este evento, los partidos opositores presentaron una imagen manipulada en la que Lai Ching-te era representado como Yuan Shikai, un líder histórico que intentó restaurar la monarquía en China a inicios del siglo XX.
Desde el Partido Popular de Taiwán (PPT) se ha señalado que, de acuerdo con la Constitución, el presidente debía promulgar la ley en un plazo de diez días tras la votación parlamentaria. El portavoz de este partido enfatizó que nunca antes un presidente había rechazado promulgar una ley aprobada por el Legislativo. Anunció que se presentará una moción de destitución para su consideración en una próxima sesión plenaria, aunque no se han definido fechas.
Para que esta moción avance, se necesita el apoyo inicial de al menos la mitad de los legisladores y la aprobación de dos tercios de la Cámara antes de ser remitida al Tribunal Constitucional. Sin embargo, este tribunal actualmente cuenta con solo ocho magistrados de los quince necesarios, lo que limita su capacidad de deliberación tras fallidos intentos del gobierno para ocupar las vacantes.
El panorama legislativo muestra que la oposición controla 60 de los 113 escaños del Parlamento, mientras que el gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) tiene 51, lo que complica la obtención de la mayoría requerida. Esta situación se enmarca en un clima de confrontación constante entre el oficialismo y la oposición desde la asunción de Lai al poder, con un Parlamento dominado por el KMT y el PPT que ha bloqueado o condicionado varias iniciativas clave del gobierno, incluidas propuestas presupuestarias y de defensa.
